Aquí nos interesa obtener una noción sobre los distintos tipos de mentalidades que se relacionan en el ámbito laboral de nuestra sociedad capitalista. Nos interrogaremos sobre el sentido de la conducta de los individuos que intervienen en la relación laboral desarrollada a partir de las leyes de flexibilización laboral. Nuestro objetivo es interpretar el significado cultural que guardan las conductas llevadas a cabo tanto por los explotadores como por los explotados en la contratación de fuerza de trabajo. Veremos que el desarrollo de la relación laboral encubierta y establecida mediante la monotributación constituye un tipo de asociación de dominación. Específicamente, nos interesa saber, ¿cuáles son las motivaciones de los diferentes agentes involucrados para consentir una relación social basada en la explotación laboral?

La sociología es la ciencia que se encarga de comprender la acción social, interpretando el sentido subjetivo que los individuos (agentes) ejecutan con arreglo a fines, con el objeto de poder explicarla sus causas racionalmente. Así, el objeto de estudio de la sociología comprensiva es la acción social. Esta puede ser una acción racional (como una acción social con arreglo a fines o como una acción social con arreglo a valores) o puede ser una acción irracional (como una acción con arreglo a afectos o una acción con arreglo a la tradición), sin embargo, ninguna modalidad de conducta se expresa en la realidad en estado puro sino en combinación con otro tipo de conducta, puesto que estos tipos de comportamiento social representan tipos conceptuales que expresan formas ideales de la conducta humana referida a otro, en donde la adecuación de sentido es plena, siendo condensado su significado en una construcción ideal.
La sociología comprensiva es racionalista porque aborda la construcción racional de una acción (en tanto conducta de una o varias personas) con arreglo a fines. La sociología construye “conceptos-tipo”, es decir, construcciones que no tienen un referente empírico, sino que es una abstracción con las que se afana por encontrar reglas generales del acaecer. Los conceptos sociológicos se fundan en la realidad histórica de la acción y construyen un fenómeno de univocidad a través de la adecuación de sentido de esta acción. Los casos sociológicos solo pueden elaborase a partir de estos tipos puros o ideales con el objetivo de comprender la acción real. Estos tipos conceptuales se diferencian de los tipos empíricos-estadísticos los que tratan de abordar la realidad por término medio.
Así, la comprensión sociológica no solo le interesa saber qué sentido tiene la acción social (comprensión actual); además, se propone explicar los motivos del sentido de las acciones (comprensión explicativa). Los motivos que encarnan los individuos a través de sus acciones encuentran su validez legítima atribuyendo su sentido a un orden determinado. La legitimidad del sentido de la acción es el motivo que se impone al sentido según cada uno de los tipos de acción: acciones racionales con arreglo a fines, acciones racionales con arreglo a valores, acciones irracionales tradicionales o acciones irracionales afectivas.
Cada hecho de la vida social es caracterizado de modo decisivo por la “lucha de motivos” u “ocasión”, estableciendo una relación especial entre el fundamento de sentido de la acción social y el comportamiento llevado a cabo por los individuos. En este sentido, la relación social es una acción referida a otro en la cual se espera una reciprocidad, es decir, la posibilidad de una acción establecida de la otra parte involucrada que se adecue plenamente al sentido mentado por los participantes. El sentido esperado por cada una de las partes conforma “máximas”, siendo estas los significados pactados entre ellas. El análisis de lo social es la reconstrucción de las múltiples vinculaciones de los agentes, es decir, el desarrollo de las constelaciones de relaciones sociales que se conforman en la vida social.
Con el objetivo de interpretar el sentido de su acción social, conviene tratar determinadas formaciones sociales como si fueran individuos. “Esas formaciones sociales no son otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que tan sólo éstas pueden ser sujeto de una acción orientada por su sentido.” (Ibídem, pp. 12) A diferencia de la sociología organicista que rechaza el estudio de los motivos de la conducta individual a favor de la investigación de la función de las partes de un todo, la sociología comprensiva, sin caer en un individualismo metodológico o en una explicación psicológica, refiere al valor de la acción social, es decir, la acción típica que ejecutan los distintos agentes. La sociología se ocupa de encontrar las regularidades en la acción social en tanto su sentido mentado sea típicamente homogéneo, investigando los tipos de desarrollo de la acción social. Estos usos sociales en los que se orienta la conducta humana, o en otras palabras, “la probabilidad de regularidad en la conducta”, pueden o no estar orientados por un interés específico. En el caso afirmativo, la acción se desarrolla dentro de una orientación racional, en donde la acción tiene arreglo a fines y cuyo significado es mentado por cada uno de los agentes intervinientes, siendo ejecutada con expectativas similares por cada uno. De esta manera, en virtud de la representación compartida de la existencia de un orden legítimo, en las relaciones sociales se conforman convenciones sobre la evolución de los pactos que se han establecido, otorgándole “validez” a la conducta social de los individuos, es decir, aquella referida hacia la conducta de otro. El sentido de la validez de ciertas conductas hacen que estas se desarrollen exclusivamente por la existencia de un interés o un arraigo en la costumbre, sino que además interviene un “sentimiento del deber ser” que le otorga un “prestigio de legitimidad” a la acción. La legitimidad de un orden puede estar garantizada de manera puramente interna (por medio de un sentido afectivo, racional con arreglo a valores o religiosa, es decir los diferentes tipos ideales que adopta el sentido de la acción social) o determinada por consecuencias externas, o sea, por una situación de intereses calculado.
La sociedad es posible a partir de concebir la creencia en la legalidad de las órdenes pactadas y en la autoridad legítima, desarrollando las relaciones sociales entre los individuos como una lucha en la que cada participante orienta la acción por el propósito de imponer la voluntad propia contra la resistencia de los demás. En la sociedad capitalista, esta lucha por la existencia toma la forma pacífica de la competencia regulada, principio básico de la lucha o selección social, en la que “…una determinada clase de acción ha sido desplazada en el curso del tiempo por otra…” (Conceptos sociológicos fundamentales, pp. 32), es decir, que ciertas relaciones sociales tienen más probabilidades que otras de acuerdo al tipo de conducta que ejecutan los participantes.
Los diversos motivos de las acciones individuales, al estar orientados a los otros, constituyen distintos tipos de relaciones sociales. Las relaciones sociales se pueden clasificar en distintos tipos-ideales de acuerdo a la actitud que inspira la acción social que desarrollan los participantes. De esta forma, una relación social es llamada comunidad cuando la actitud en la acción social se inspira en un sentimiento subjetivo de los participantes de construir un todo. En cambio, una sociedad es una relación social cuya actitud en la acción social se inspira en una compensación o unión de intereses por motivos racionales. La mayoría de las relaciones sociales participan a la misma vez tanto de una actitud sentimental de la acción social como de compensación o unión de intereses racionales orientados a fines o a valores.
Las relaciones sociales también pueden ser clasificadas según la aplicación del derecho que se ejerce. Se dice que una relación social es abierta al exterior cuando no existen leyes que nieguen la participación en la acción social, es decir, que en la participación de esa relación social existe una equivalencia plena con la regulación vigente. En cambio, la relación social es cerrada al exterior cuando la participación en la acción social es excluida, limitada o sometida a condiciones del sentido de la acción, es decir, al estar condicionada por el exterior, la acción social tiende a ser hermética y restringida. Las relaciones sociales cerradas, a diferencia de su contraparte abierta al exterior donde la libre participación se orienta al fomento de la propagación de dicha relación, la participación esperan obtener ventaja en su monopolización.
Las relaciones sociales se pueden clasificar por sus consecuencias. Por un lado, las relaciones sociales de solidaridad se desarrollan donde la acción de todos los participantes se impute a todos los demás como, por ejemplo, dentro del grupo familiar o doméstico. Por otro lado, las relaciones sociales de representación se desarrollan donde la acción de un solo participante se impute a todos los demás como, por ejemplo, en las asociaciones estatuidas y en las uniones formadas para el logro de algún fin.
La combinación de los diferentes tipos de relaciones sociales (entendiendo por estos siempre expresiones relativas que difícilmente se dan en la realidad en estados puros, sino siempre en distintos niveles y composiciones) conforman distintos tipos de asociaciones, es decir, relaciones sociales con una regulación limitadora hacia fuera cuando el mantenimiento de su orden está garantizado por la conducta de un dirigente o, eventualmente, un cuerpo administrativo, destinada en especial a ese propósito. La existencia de un cuerpo administrativo y la imposición coactiva de los ordenamientos otorgados (es decir, impuestos) en el desarrollo de una relación social constituye una asociación política que, en última instancia, conduce al orden de dominación de una de las parte hacia la otra. En este tipo de asociaciones de dominación no sólo existe la posibilidad de imponer la propia voluntad, sino que además existe la disciplina o, en otras palabras, la posibilidad de encontrar obediencia para un mandato.
En este sentido, debe entenderse por empresa a una acción que persigue fines de una determinada clase de un modo continuo. Todas las asociaciones derivadas constituyen ordenamientos estatuidos racionalmente. Una asociación de empresa cuyas ordenaciones estatuidas sólo pretenden validez para los miembros por decisión libre expresa una unión voluntaria entre los participantes de la acción, como por ejemplo, en la participación en una secta. En cambio, un instituto es una asociación cuyas ordenaciones estatuidas han sido impuestas y rigen de hecho con respecto a toda acción tenga lugar en el ámbito de poder como, por ejemplo, la Iglesia.
El Estado es el instituto por antonomasia siempre que sus ordenaciones estén racionalmente estatuidas. El estado, en su pleno ejercicio de las ordenaciones otorgadas, es decir, apropiadas en virtud del derecho que lo reglamenta, es un instituto de asociación territorial. Este se conforma en una asociación de dominación, siendo una asociación política cuando la validez de sus ordenaciones estén dentro un determinado espacio geográfico garantizados de un modo continuo mediante la amenaza y la aplicación de la fuerza física por parte de su cuerpo administrativo. Así, el Estado debe entenderse como un instituto político de actividad continuada en el cual se reserva el monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente.
La sociología de la dominación se define como el estudio de un caso especial de las formas del poder, siendo uno de los más importantes elementos de la acción comunitaria. Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Como este concepto de poder resulta sociológicamente amorfo porque se pueden imaginar múltiples cualidades en las que los individuos imponen su propia voluntad en una situación dada, resulta útil el concepto de dominación, definiendo por esto a la probabilidad de encontrad obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas; en otros términos, existe un régimen de disciplina u obediencia habitual por la que se encuentra dentro de un grupo una actitud arraigada hacia un mandato.
En este sentido, la sociología de la dominación es la interpretación del sentido de la acción social de aquellas formas sociales en las que se convierte una acción comunitaria amorfa en una asociación racional. Un ejemplo de esto son las comunidades lingüísticas en las que se impone un idioma oficial a través de la educación oficial, ya que “…todas las esferas de la acción comunitaria están sin excepción profundamente influidos por las formas de dominación.” (Sociología de la dominación, pp. 695)
Si bien no debe entenderse por dominación como una tendencia exclusiva o constante a perseguir intereses económicos ya que los beneficios pecuniarios son muchas veces una consecuencia de la imposición de determinados ordenamientos impuestos, “…la forma típica de dominación en virtud de una constelación de intereses puede transformarse gradualmente en una dominación autoritaria”. (Sociología de la dominación, pp. 697) La dominación puede estar orientada de dos formas: por un lado, por el interés como, por ejemplo, las estructuras económicas que permiten la gestación de monopolios; o de otra manera, por la autoridad como, por ejemplo, el derecho a la obediencia que dictan ciertos mandatos establecidos independientemente de los motivos e intereses.
Aquí nos interesa la noción de “dominación” en tanto es entendida como “régimen de gobierno”, pues todo régimen de gobierno necesita del dominio en alguna de sus formas. Para su desempeño debe colocarse poderes en manos de alguien, pero (como sucede en los gobiernos democráticos y otros órdenes de dominación inestable como, por ejemplo, las empresas capitalistas), el “empoderamiento” de los gobernantes tiende a ser distribuido lo más racionalmente posible, tendiendo a la paridad y la reducción al mínimo del poder otorgado a sus funcionarios. Estos órdenes de dominación inestable se caracterizan por aparentar la rotación del poder, sin embargo, la mayor probabilidad los individuos poseedores de riquezas con respecto a los individuos que desarrollan trabajos profesionales de asumir funciones de gobierno, demuestra una regularidad social sobre los tipos de funcionarios públicos. Los individuos en los que recae la autoridad de mando son aquellos que no solo que tienen una posición económica favorable, sino además aquellos que obtienen sus ingresos sin trabajar regularmente como lo hacen los trabajadores profesionales. El poder para dominar en estos casos es alcanzado por el “honor estamental” adquirido por su posición social.
La subsistencia de la dominación se manifiesta en la legitimidad que le otorga los ordenamientos jurídicos y las costumbres. “en la relación entre dominantes y dominados, la dominación suele apoyarse en motivos jurídicos” (Ibídem, pp. 707) La autojustificación que legitima el orden de dominación puede obedecer a una constelación de intereses (la dominación legal-burocrática se fundamenta en la autoridad de las normas y el cálculo de ventajas que se deriva de respetarlas), a una costumbre (la dominación tradicional responde a la autoridad personal que otorgan las tradiciones) o a la mera inclinación personal del súbdito (dominación carismática).

¿Cuáles son las motivaciones de los diferentes agentes involucrados para consentir una relación social basada en la explotación laboral?
Para responder esta pregunta, aquí analizaremos el sentido mentado por los agentes sociales intervinientes en la contratación de fuerza de trabajo bajo el régimen de monotributo, por el que se establece una relación social de tipo laboral en la que se encube la explotación de los trabajadores a partir de consentir las irregularidades de las condiciones de trabajo. La acción social que cada uno de los participantes ejecuta es caracterizada por la racionalidad, siendo en ciertos casos con arreglo a fines (por parte del empleado, la acción se orienta a obtener un ingreso económico por su trabajo, en cambio, por parte del empleador, lo motiva obtener fuerza de trabajo a menor costo) o en otros casos con arreglo a valores (la “máxima” anacrónica que dice “el trabajo, dignifica”, enunciada por el General Perón, entra en juego a la hora de imponerse como mandato social contra la desocupación voluntaria).
Las relaciones sociales de tipo laboral establecidas a través de la monotributación, no hace más que reproducir un determinado estado de la selección social, desarrollada mediante la competencia regulada del mercado de fuerza de trabajo, el cual está legitimado por la Ley de Contrato de Trabajo (1997) que conciente este tipo de relaciones laborales. Así, la selección social es la posibilidad de que determinado tipo de conductas y de cualidades personales puedan entrar en una determinada relación social. De este modo, la acción de los empleadores es una lucha; nos referimos así en el sentido de la orientación que toma la acción social de aprovecharse de la necesidad de trabajar para imponer la voluntad propia contra la resistencia de las otras partes. La ley favorece la selección de determinados tipos de relaciones sociales en donde la venta de fuerza de trabajo es encubierta bajo una relación comercial, beneficiando principalmente al empleador y ejecutando una acción política que desarrolla una relación de dominación.
En este sentido, este tipo de relación laboral (o sea, aquellas que se encuentran encubierta por el sentido de la acción de sus participantes, a partir del pacto establecido entre ellos por el cual se unen en asociación bajo el régimen del monotributo) se desarrolla como una asociación de dominación. Este tipo de asociación se caracteriza por: a) la presencia de un cuerpo administrativo (el empleador que ejecuta su voluntad), b) la ejecución de una imposición coactiva (el espíritu de las leyes de flexibilización, es decir, la interpretación oficial del dictamen que encuentra su autoridad en el estado, imponiéndose mediante el monopolio legítimo de la violencia para el mantenimiento del orden vigente) y c) adopta la forma de relación social de tipo “cerrado” (me refiero a que, en este tipo de relación social, la participación en la explotación laboral contradice el ordenamiento vigente). En última instancia, decimos que este tipo de relación social es una asociación de dominación porque la lucha contra el ordenamiento que encubre dicha dominación es combatida por el estado mediante el uso de la coacción física. Así, a través del estado y su monopolio legítimo de la violencia, por ejemplo, se reprimen las manifestaciones que denuncian la explotación laboral de las ETT o se desgastan las acciones políticas de los movimientos piqueteros que reclaman dignidad y trabajo.
Como contraparte al sentido de la acción del empleador al contratar fuerza de trabajo, nos encontramos con la conducta del trabajador explotado que acepta las condiciones desventajosas, adoptando una acción social racional con arreglo a fines, ya que en los casos de los trabajadores en condiciones de mayor vulnerabilidad social, la necesidad de un ingreso aunque sea inestable justifica racionalmente el sometimiento a condiciones laborales injustas. Pero también, se puede explicar esta conducta como una acción social con arreglo a valores en virtud de la máxima que afirma la dignidad de aquel que trabaja, aún en las peores condiciones.
La explotación laboral desarrollada al apropiarse una empresa capitalista de la fuerza de trabajo mediante su contratación por el régimen del monotributo y las Ley de Contrato de Trabajo, es decir, apoyado por las políticas neoliberales que impulsaron las Leyes de Flexibilización Laboral durante la última década del Siglo XX, puede comprenderse comparándola con los distintos tipos de asociaciones políticas. Como relación social, este tipo de relación laboral, encubierta bajo la forma de contratación de servicios, describe las características de la asociación de empresas de tipo instituto. En esta asociación se pacta una sociedad entre el empleador y el trabajador contratado bajo condiciones distintas a las condiciones laborales regulares que gozan los trabajadores empleados bajo una relación de dependencia. Cuando la prestación de trabajo encubre una relación laboral, en la cual no se le asegura al trabajador la continuidad del trabajo y sometiéndolo a un régimen laboral inestable, decimos que este tipo de relación social es cerrada al exterior en virtud de una actividad racional con arreglo a fines que adopta cada uno de sus participantes, siendo una típica asociación económica de carácter monopólico o plutocrático. En este sentido, las empresas capitalistas dominan la distribución de las relaciones laborales estables, o sea, aquellas que gozan de una relación de dependencia. Así, sus ordenamientos acerca de las condiciones laborales de la fuerza de trabajo que emplea son aplicados mediante representaciones impuestas y prescindiendo de las vinculaciones solidarias entre los participantes.
Por otra parte, la explotación laboral aparece realmente en las formas ambiguas o contradictorias de contratación de mano de obra, donde el empleador se beneficia dentro del estrecho margen entre la letra de la ley y su interpretación o forma de aplicarla. Un ejemplo de esto son los cartoneros porteños asociados a una cooperativa de trabajo. Con la reforma introducida por la Ley Nº 25.877 en lo relativo a las cooperativas de trabajo, se mantiene la prohibición que existía con anterioridad a la misma de actuar como intermediarios en la contratación de personal, no pudiendo desempeñarse en consecuencia como agencias de colocación ni como empresas de servicios eventuales o de temporada. Si bien la ley prohibe las cooperativas de trabajo para el servicio de colocación de personal (por ejemplo, como el personal de limpieza o de seguridad porque al ser estas actividades desarrollados en lugares externos a la jurisdicción de la cooperativas, es decir, una jurisdicción privada donde no se puede medir la producción o bien este personal es contratados por privados que destinan el servicio a intereses no regulables), cada vez más se adoptan en la práctica las formas de cooperativas de trabajo para producir servicios de este tipo. Este es el caso de los recolectores de cartones. Esta actividad al ser trashumante y donde los trabajadores pueden ser acompañados no solo por su núcleo familiar (permitido por la ley), sino también su familia extensa y hasta por sus vecinos o amigos, benefician a la empresa empleadora al evadir el costo del mantenimiento y la reproducción (en el sentido utilizado por Meillasoux) de la mayor parte de fuerza de trabajo que utilizada en la recolección del cartón.
Estas asociaciones conforman un tipo de explotación laboral. Lo mismo sucede con el trabajo de inmigrantes en la prestación de trabajo ofrecida por los talleres textiles. Al realizarse la confección de prendas en un domicilio privado, es decir, fuera de la regulación pública, no se puede saber ni el origen del trabajo, ni tampoco se puede medir la cantidad ni la calidad de lo producido. En el caso de los talleres textiles, la permisión de la ley con respecto al trabajo familiar transformó en un mejor negocio la producción de ropa. Es así que actualmente los dueños de estos talleres instalan en sus viviendas una mayor cantidad de máquinas de cocer, poniendo a trabajar ilegalmente a cualquier número de personas. En el ejemplo de las cooperativas textiles clandestinas, los motivos que cada participante tiene para emprender este tipo de asociación, explican las causas que nos deja comprender el sentido de su acción. Por un lado, el trabajador contratado clandestinamente es alguien que necesita el ingreso para subsistir en un lugar donde no tiene otra alternativa, por ejemplo, el trabajo clandestino de inmigrantes. Por otro lado, los dueños de los talleres están inscriptos como monotributistas con el objetivo de enriquecerse con la evasión de los costos del trabajo empleado, haciendo trabajar no sólo a su núcleo familiar, sino que además instalando nuevos puesto de trabajo.
De esta manera, “…toda forma de dominación en virtud de una constelación de intereses y sobre todo en virtud de una posesión de un monopolio, puede transformarse gradualmente en una dominación autoritaria.” (Ibídem, pp. 697) El orden de dominación política que impone la racionalidad neoliberal con respecto a las regulaciones laborales esconde una lógica de encubrimiento de las relaciones laborales efectivas. Aunque parece haberse desarrollado en la orientación inversa, primando los intereses de los capitalistas y el monopolio de los puestos de trabajo por sobre los intereses de los trabajadores, sin embargo, detrás de esta apariencia de libertad de asociación que posee la regulación neoliberal de las relaciones laborales, se encubre el hecho de la desigualdad de oportunidades que padecen los trabajadores con respecto a las empresas que los emplea, haciendo de esa asociación liberal una relación de dominación autoritaria. De esta manera, a través del ejemplo de la situación que atraviesan las cooperativas de trabajo y la ilegalidad de éstas como intermediarias en la contratación de trabajo (otro ejemplo patente es la irregularidad de las relaciones laborales establecidas por las ETT españolas) explicamos las razones por las que una asociación de tipo instituto deviene en un cambio hacia una asociación de empresas tipo unión, indicando el transito gradual de una dominación en sentido estricto a una dominación en sentido amplio, representando una dominación de hecho tan válida en un caso como en el otro. En otras palabras, entendemos, por esta razón, que la racionalidad capitalista eliminó el obstáculo que implicaba la relación laboral estable, estableciendo un tipo de relación laboral más conveniente a sus propios intereses, imponiendo un nuevo tipo de asociación cuyas ordenaciones en torno a la regularidad laboral benefician únicamente al capital. Este nuevo régimen de trabajo implica que dicha relación laboral puede finalizar en cualquier momento, todo depende según cómo se plantee el juego de intereses. Aunque la continuidad de la relación laboral está sujeta a la voluntad de cada una de las partes involucradas, los beneficios de la parte con más poder en dicha relación laboral impone el peso de su voluntad.
Así, a diferencia de la dominación de autoridad que regulaba las anteriores relaciones laborales, cuyas reglamentaciones sobre los derechos del trabajador se legitimaban en los mandatos ordenados con respecto las dependencia laboral de los empleados en los empleadores, la flexibilización laboral ha hecho a que el trabajador se someta a una dominación organizada mediante la constelación de intereses de los participantes, es decir, en la que la asociación está sujeta a la libre decisión de las partes. Sin embargo, en este tipo de sociedad laboral, los empleadores capitalistas son los monopolizadores de los puestos de trabajo de relación de dependencia, beneficiando únicamente a los intereses de la empresa capitalista al otorgarle un mayor abanico de oportunidades que la colocan en una posición privilegiada con respecto a los trabajadores. Para la empresa empleadora, el valor que tiene su libre decisión de acción dentro de la asociación con el trabajador le permite deducir su provecho de acuerdo a la necesidad de trabajo, racionalizar los ingresos económicos de los trabajadores explotados o desocupados, o calcular la disponibilidad de mano de obra barata según la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los grupos sociales de los que se enrolan trabajadores. La racionalidad capitalista le incumbe en que medida está la población sometida más o menos dispuesta a someterse “relativamente a voluntad” al régimen de trabajo irregular.
A pesar de esto, los trabajadores adoptan una actitud de obediencia como si fueran cómplice del capitalista en el emprendimiento que establece la relación laboral de explotación como medio para enriquecerse. En este sentido, “…entendemos aquí por ‘dominación’ un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta (‘mandato’) del ‘dominador’, influye en los actos de los otros, […] como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato (‘obediencia’).” (Ibídem, pp. 699)
Los trabajadores explotados (aquellos enrolados en el régimen voluntario de contrato de trabajo) son obedientes porque ven sus acciones condicionadas a pesar de que son los intereses de todos los participantes los que entran en el libre juego de los negocios. Sin embargo, la voluntad de cada uno de ellos influye en un sector parcial del proceso y, en este sentido, también “domina” la voluntad del otro, inclusive contra su resistencia. De todas maneras, la acción tomada por el empleador influye en mayor medida sobre el trabajador que la de éste último sobre el destino de una poderosa empresa capitalista. Por esta razón, la “dominación por intereses” sobre los monopolios de puestos estables de trabajo es transformada en un régimen de “dominación por autoridad” en función de la desigualdad de posibilidades que padece cada uno de los participantes para decidir el futuro de la asociación establecida con las otras partes en condiciones efectivamente libres. En este sentido, “…la diferencia entre un ‘negocio’ privado y el ‘desempeño de un cargo’ público […] es solo el producto de una evolución y en modo alguno está en todas partes tan bien perfilada.” (Ibídem, pp. 700) Así, el tránsito de una dominación por intereses de las relaciones laborales hacia una dominación por autoridad sobre la fuerza de trabajo sólo expresa un cambio de gradaciones en el tipo de obediencia que encuentra cada una de las partes en los mandatos.
La consideración sociológica no debe olvidar que tal referencia al “poder de mando” en una asociación se expresa en la vida social como una realidad relativa y “fluctuante”. De esta forma, el estudio sociológico de las relaciones de poder, en este caso, debe escapar a la interpretación dogmática o “ideal” que se hace sobre una determinada norma. En cambio, la comprensión sociológica de la dominación debe apoyarse en los aspectos “fácticos” que determinan el poder, exigiendo un orden normativo legal y remitiéndonos forzosamente al sistema de nociones jurídicas. La racionalidad extrema de la sociedad moderna ha conducido a tener en los sistemas democráticos de gobiernos y en otros órdenes de dominación inestable (como lo son, por ejemplo, las empresas capitalistas) un seguro contra el despotismo y el exceso de autoridad. Sin embargo, aunque el régimen de gobierno es fluctuante dentro del capitalismo, el poder circulará siempre entre los propietarios, pero nunca entre los trabajadores. Los límites democráticos de orden liberal, en este sentido, puede reducirse al hecho de que la autoridad de un empresario capitalista no es considerada por las virtudes personales o los mayores conocimientos con que cuenta este con respecto a otros, sino que su autoridad es legítima en tanto es considerado como dueño de su empresa. En última instancia, lo que legitima el dominio del empleador sobre el empleado es el “honor estamental” instaurado por la propiedad privada.
Existe una dominación mediante la organización de la minoría empresarial dominante cuando estos ocultan sus propias intenciones al contratar fuerza de trabajo para utilizarla en tareas distintas a las establecidas por norma o cuando no categorizan a sus empleados de acuerdo a la tarea que realizan. “¿En qué último principio puede apoyarse la validez, la legitimidad de una forma de dominio, es decir, la exigencia de una obediencia por parte de los funcionarios frente al señor y por parte de los dominados a ambos?” (Ibídem, pp. 705) El sistema económico capitalista es el conjunto de asociaciones entre “señores” propietarios (cuya autoridad no es delegada por otro) y sus “aparatos de mando” (el séquito de funcionarios interesados beneficiarios del ejercicio de los poderes imperativos y coactivos encaminados a la conservación de la dominación) con el objetivo de apropiarse de la manera más racional de acuerdo a sus propios intereses de la fuerza de trabajo de sus trabajadores (cuya actividad no pueden ser otra que la de trabajar para sus señores). La empresa capitalista debe ser entendida como una organización de dominación llevada adelante por una minoría. En este sentido, las empresas que emplean trabajadores en condiciones de explotación confabulan una dominación secreta en contra de su fuerza de trabajo.
“La subsistencia de la dominación […] se manifiesta de modo más preciso mediante la autojustificación que apela a los principios de legitimidad.” (Ibídem, pp. 706) La legitimación fundamental la encontramos no sólo en los ordenamientos jurídicos, sino también en las “leyendas” sobre la suerte merecida que justifican los privilegios del empresario por sobre los trabajadores. Esta autojustificación de la dominación legal-burocrática se efectúa a través, por ejemplo, de la autoridad de las leyes sobre la propiedad privada que legitima el mandato del patrón sobre sus trabajadores o los ordenamientos fiscales que impulsaron la aplicación de la flexibilización laboral, sometiendo al trabajador al régimen monotributista del trabajo inestable. Además, otro tipo de autojustificación, relativa a la dominación tradicional, se impone en la idea de los empleadores explotadores quienes, ante una acusación de condiciones laborales injustas, argumentan la justificación de las condiciones de empleo en virtud de la apertura de los puestos de trabajo o la cantidad de familias que subsisten gracias a las condiciones laborales que brinda la empresa. Este ejemplo muestra como actúa la autoridad personal que le confiere el estatus de dueño del negocio para sostener tremendo argumento, por ejemplo, en una conversación con un trabajador dominado. Finalmente, un último tipo de autojustificación de la dominación presente en las relaciones laborales son las que se fundan en las personalidades concretas como, por ejemplo, los atributos carismáticos que utilizan los funcionarios de una empresa capitalista al convencer a nuevos postulantes de la seguridad de su futuro con su contratación. La dominación carismática de la empresa capitalista se hace, también, presente en el sentido de trascendencia en el que hacen participar los capacitadores de personal de las empresas de servicios de venta telefónico a los nuevos operadores. Las entrevistas de trabajo y las capacitaciones laborales deben verse como espacios de comunicación armados para trasmitir al nuevo empleado esos “dotes sobrenaturales” que tiene la empresa para ofrecerle, con el objetivo de contentarlo para ganar su confianza, seduciéndolo con las oportunidades de crecimiento que se le presentarían con el nuevo empleo, tratando de despertar en el trabajador la virtud de devoción afectiva por la empresa.
Estos tipos de dominación política existentes en las asociaciones entre empresas y trabajadores contratados, expresan la sobrevaloración por parte de la sociedad capitalista sobre la propiedad privada y el capital en desmedro del costo del trabajo humano. Acá aparece el carácter eminentemente protestante tanto de la propiedad como de la empresa capitalista, contrastando con el carácter decididamente católico del trabajador explotado. En el trabajador, como contraparte del capitalista que contrata fuerza de trabajo en condiciones desiguales a otros trabajadores, se presentan invertidos aquellos valores del capitalismo asociados con el protestantismo, apareciendo estos últimos bien presente en la conducta de la parte empleadora. En la relación social entre empleadores y trabajadores, por un lado, el trabajador cuentrapropista se le adjudica y adopta “los valores del buen dormir”, es decir, aquellos asociados a la maximización del ocio, mientras que los empleadores y todo el cuadro administrativo que lo acompaña adoptan “los valores del buen comer”, o sea, aquellos valores asociados a la maximización de los beneficios económicos. (La ética protestante)
Este proceso de racionalización y de desencanto del mundo que ha devenido la sociedad capitalista, ha determinado el mercado de trabajo de la misma manera como se ha desarrollado el mercado religioso, es decir, decidiendo de la misma manera la distribución de los bienes. En este sentido ha devenido el sentido de beruf (profesión) en el ámbito laboral. Así, actualmente, el valor social de la vocación tiene una distribución diferenciada según la posición del individuo en las relaciones de poder establecidas en el sistema laboral. En un sistema dominado por la racionalización maximizadora de los recursos económicos e intelectuales de los individuos, la noción de vocación está más presente en las actividades laborales con mayor autoridad de mando que en aquellas actividades en las que el trabajo se reduce a obedecer.
Así, mientras las empresas capitalistas, compuesta por el cuerpo administrativo, el sector gerencial y por los empleados, otorgan ordenamientos sobre quienes adquieren los bienes vocacionales dentro de la actividad profesional, en cambio, los trabajadores contratados no pueden acceder a esos beneficios afectivos a través de los cuales el ser humano se relaciona con su trabajo. La racionalidad del sistema llega al punto en que la empresa capitalista como instituto (o sea, la asociación con ordenamientos impuestos unilateralmente que constituyen su poder) requiere que la profesión de sus trabajadores aumente en vocación a medida que adquieren mayor autoridad. La especialización de tareas es el mecanismo ideal para el desarrollo de las particularidades individuales y la constitución de una identidad especial del profesional con su trabajo a partir de la acumulación de poder de mando. De esta manera, la sociedad moderna y la empresa capitalista entienden por vocación como una actitud proactiva de las personas mientras se efectúa la prestación de trabajo. Por otro lado, los trabajadores contratados como trabajadores irregulares que se vinculan con su trabajo mediante una unión libre con las empresas y quedándose sin trabajo de un momento a otro, queda excluido de esta noción proactiva sobre la vocación en el trabajo.

Aquí nos interesa obtener una noción sobre los distintos tipos de mentalidades que se relacionan en el ámbito laboral de nuestra sociedad capitalista. Nos interrogaremos sobre el sentido de la conducta de los individuos que intervienen en la relación laboral desarrollada a partir de las leyes de flexibilización laboral. Nuestro objetivo es interpretar el significado cultural que guardan las conductas llevadas a cabo tanto por los explotadores como por los explotados en la contratación de fuerza de trabajo. Veremos que el desarrollo de la relación laboral encubierta y establecida mediante la monotributación constituye un tipo de asociación de dominación. Específicamente, nos interesa saber, ¿cuáles son las motivaciones de los diferentes agentes involucrados para consentir una relación social basada en la explotación laboral?

La sociología es la ciencia que se encarga de comprender la acción social, interpretando el sentido subjetivo que los individuos (agentes) ejecutan con arreglo a fines, con el objeto de poder explicarla sus causas racionalmente. Así, el objeto de estudio de la sociología comprensiva es la acción social. Esta puede ser una acción racional (como una acción social con arreglo a fines o como una acción social con arreglo a valores) o puede ser una acción irracional (como una acción con arreglo a afectos o una acción con arreglo a la tradición), sin embargo, ninguna modalidad de conducta se expresa en la realidad en estado puro sino en combinación con otro tipo de conducta, puesto que estos tipos de comportamiento social representan tipos conceptuales que expresan formas ideales de la conducta humana referida a otro, en donde la adecuación de sentido es plena, siendo condensado su significado en una construcción ideal. La sociología comprensiva es racionalista porque aborda la construcción racional de una acción (en tanto conducta de una o varias personas) con arreglo a fines. La sociología construye “conceptos-tipo”, es decir, construcciones que no tienen un referente empírico, sino que es una abstracción con las que se afana por encontrar reglas generales del acaecer. Los conceptos sociológicos se fundan en la realidad histórica de la acción y construyen un fenómeno de univocidad a través de la adecuación de sentido de esta acción. Los casos sociológicos solo pueden elaborase a partir de estos tipos puros o ideales con el objetivo de comprender la acción real. Estos tipos conceptuales se diferencian de los tipos empíricos-estadísticos los que tratan de abordar la realidad por término medio. Así, la comprensión sociológica no solo le interesa saber qué sentido tiene la acción social (comprensión actual); además, se propone explicar los motivos del sentido de las acciones (comprensión explicativa). Los motivos que encarnan los individuos a través de sus acciones encuentran su validez legítima atribuyendo su sentido a un orden determinado. La legitimidad del sentido de la acción es el motivo que se impone al sentido según cada uno de los tipos de acción: acciones racionales con arreglo a fines, acciones racionales con arreglo a valores, acciones irracionales tradicionales o acciones irracionales afectivas. Cada hecho de la vida social es caracterizado de modo decisivo por la “lucha de motivos” u “ocasión”, estableciendo una relación especial entre el fundamento de sentido de la acción social y el comportamiento llevado a cabo por los individuos. En este sentido, la relación social es una acción referida a otro en la cual se espera una reciprocidad, es decir, la posibilidad de una acción establecida de la otra parte involucrada que se adecue plenamente al sentido mentado por los participantes. El sentido esperado por cada una de las partes conforma “máximas”, siendo estas los significados pactados entre ellas. El análisis de lo social es la reconstrucción de las múltiples vinculaciones de los agentes, es decir, el desarrollo de las constelaciones de relaciones sociales que se conforman en la vida social. Con el objetivo de interpretar el sentido de su acción social, conviene tratar determinadas formaciones sociales como si fueran individuos. “Esas formaciones sociales no son otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que tan sólo éstas pueden ser sujeto de una acción orientada por su sentido.” (Ibídem, pp. 12) A diferencia de la sociología organicista que rechaza el estudio de los motivos de la conducta individual a favor de la investigación de la función de las partes de un todo, la sociología comprensiva, sin caer en un individualismo metodológico o en una explicación psicológica, refiere al valor de la acción social, es decir, la acción típica que ejecutan los distintos agentes. La sociología se ocupa de encontrar las regularidades en la acción social en tanto su sentido mentado sea típicamente homogéneo, investigando los tipos de desarrollo de la acción social. Estos usos sociales en los que se orienta la conducta humana, o en otras palabras, “la probabilidad de regularidad en la conducta”, pueden o no estar orientados por un interés específico. En el caso afirmativo, la acción se desarrolla dentro de una orientación racional, en donde la acción tiene arreglo a fines y cuyo significado es mentado por cada uno de los agentes intervinientes, siendo ejecutada con expectativas similares por cada uno. De esta manera, en virtud de la representación compartida de la existencia de un orden legítimo, en las relaciones sociales se conforman convenciones sobre la evolución de los pactos que se han establecido, otorgándole “validez” a la conducta social de los individuos, es decir, aquella referida hacia la conducta de otro. El sentido de la validez de ciertas conductas hacen que estas se desarrollen exclusivamente por la existencia de un interés o un arraigo en la costumbre, sino que además interviene un “sentimiento del deber ser” que le otorga un “prestigio de legitimidad” a la acción. La legitimidad de un orden puede estar garantizada de manera puramente interna (por medio de un sentido afectivo, racional con arreglo a valores o religiosa, es decir los diferentes tipos ideales que adopta el sentido de la acción social) o determinada por consecuencias externas, o sea, por una situación de intereses calculado. La sociedad es posible a partir de concebir la creencia en la legalidad de las órdenes pactadas y en la autoridad legítima, desarrollando las relaciones sociales entre los individuos como una lucha en la que cada participante orienta la acción por el propósito de imponer la voluntad propia contra la resistencia de los demás. En la sociedad capitalista, esta lucha por la existencia toma la forma pacífica de la competencia regulada, principio básico de la lucha o selección social, en la que “…una determinada clase de acción ha sido desplazada en el curso del tiempo por otra…” (Conceptos sociológicos fundamentales, pp. 32), es decir, que ciertas relaciones sociales tienen más probabilidades que otras de acuerdo al tipo de conducta que ejecutan los participantes. Los diversos motivos de las acciones individuales, al estar orientados a los otros, constituyen distintos tipos de relaciones sociales. Las relaciones sociales se pueden clasificar en distintos tipos-ideales de acuerdo a la actitud que inspira la acción social que desarrollan los participantes. De esta forma, una relación social es llamada comunidad cuando la actitud en la acción social se inspira en un sentimiento subjetivo de los participantes de construir un todo. En cambio, una sociedad es una relación social cuya actitud en la acción social se inspira en una compensación o unión de intereses por motivos racionales. La mayoría de las relaciones sociales participan a la misma vez tanto de una actitud sentimental de la acción social como de compensación o unión de intereses racionales orientados a fines o a valores. Las relaciones sociales también pueden ser clasificadas según la aplicación del derecho que se ejerce. Se dice que una relación social es abierta al exterior cuando no existen leyes que nieguen la participación en la acción social, es decir, que en la participación de esa relación social existe una equivalencia plena con la regulación vigente. En cambio, la relación social es cerrada al exterior cuando la participación en la acción social es excluida, limitada o sometida a condiciones del sentido de la acción, es decir, al estar condicionada por el exterior, la acción social tiende a ser hermética y restringida. Las relaciones sociales cerradas, a diferencia de su contraparte abierta al exterior donde la libre participación se orienta al fomento de la propagación de dicha relación, la participación esperan obtener ventaja en su monopolización. Las relaciones sociales se pueden clasificar por sus consecuencias. Por un lado, las relaciones sociales de solidaridad se desarrollan donde la acción de todos los participantes se impute a todos los demás como, por ejemplo, dentro del grupo familiar o doméstico. Por otro lado, las relaciones sociales de representación se desarrollan donde la acción de un solo participante se impute a todos los demás como, por ejemplo, en las asociaciones estatuidas y en las uniones formadas para el logro de algún fin. La combinación de los diferentes tipos de relaciones sociales (entendiendo por estos siempre expresiones relativas que difícilmente se dan en la realidad en estados puros, sino siempre en distintos niveles y composiciones) conforman distintos tipos de asociaciones, es decir, relaciones sociales con una regulación limitadora hacia fuera cuando el mantenimiento de su orden está garantizado por la conducta de un dirigente o, eventualmente, un cuerpo administrativo, destinada en especial a ese propósito. La existencia de un cuerpo administrativo y la imposición coactiva de los ordenamientos otorgados (es decir, impuestos) en el desarrollo de una relación social constituye una asociación política que, en última instancia, conduce al orden de dominación de una de las parte hacia la otra. En este tipo de asociaciones de dominación no sólo existe la posibilidad de imponer la propia voluntad, sino que además existe la disciplina o, en otras palabras, la posibilidad de encontrar obediencia para un mandato. En este sentido, debe entenderse por empresa a una acción que persigue fines de una determinada clase de un modo continuo. Todas las asociaciones derivadas constituyen ordenamientos estatuidos racionalmente. Una asociación de empresa cuyas ordenaciones estatuidas sólo pretenden validez para los miembros por decisión libre expresa una unión voluntaria entre los participantes de la acción, como por ejemplo, en la participación en una secta. En cambio, un instituto es una asociación cuyas ordenaciones estatuidas han sido impuestas y rigen de hecho con respecto a toda acción tenga lugar en el ámbito de poder como, por ejemplo, la Iglesia. El Estado es el instituto por antonomasia siempre que sus ordenaciones estén racionalmente estatuidas. El estado, en su pleno ejercicio de las ordenaciones otorgadas, es decir, apropiadas en virtud del derecho que lo reglamenta, es un instituto de asociación territorial. Este se conforma en una asociación de dominación, siendo una asociación política cuando la validez de sus ordenaciones estén dentro un determinado espacio geográfico garantizados de un modo continuo mediante la amenaza y la aplicación de la fuerza física por parte de su cuerpo administrativo. Así, el Estado debe entenderse como un instituto político de actividad continuada en el cual se reserva el monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. La sociología de la dominación se define como el estudio de un caso especial de las formas del poder, siendo uno de los más importantes elementos de la acción comunitaria. Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Como este concepto de poder resulta sociológicamente amorfo porque se pueden imaginar múltiples cualidades en las que los individuos imponen su propia voluntad en una situación dada, resulta útil el concepto de dominación, definiendo por esto a la probabilidad de encontrad obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas; en otros términos, existe un régimen de disciplina u obediencia habitual por la que se encuentra dentro de un grupo una actitud arraigada hacia un mandato. En este sentido, la sociología de la dominación es la interpretación del sentido de la acción social de aquellas formas sociales en las que se convierte una acción comunitaria amorfa en una asociación racional. Un ejemplo de esto son las comunidades lingüísticas en las que se impone un idioma oficial a través de la educación oficial, ya que “…todas las esferas de la acción comunitaria están sin excepción profundamente influidos por las formas de dominación.” (Sociología de la dominación, pp. 695) Si bien no debe entenderse por dominación como una tendencia exclusiva o constante a perseguir intereses económicos ya que los beneficios pecuniarios son muchas veces una consecuencia de la imposición de determinados ordenamientos impuestos, “…la forma típica de dominación en virtud de una constelación de intereses puede transformarse gradualmente en una dominación autoritaria”. (Sociología de la dominación, pp. 697) La dominación puede estar orientada de dos formas: por un lado, por el interés como, por ejemplo, las estructuras económicas que permiten la gestación de monopolios; o de otra manera, por la autoridad como, por ejemplo, el derecho a la obediencia que dictan ciertos mandatos establecidos independientemente de los motivos e intereses. Aquí nos interesa la noción de “dominación” en tanto es entendida como “régimen de gobierno”, pues todo régimen de gobierno necesita del dominio en alguna de sus formas. Para su desempeño debe colocarse poderes en manos de alguien, pero (como sucede en los gobiernos democráticos y otros órdenes de dominación inestable como, por ejemplo, las empresas capitalistas), el “empoderamiento” de los gobernantes tiende a ser distribuido lo más racionalmente posible, tendiendo a la paridad y la reducción al mínimo del poder otorgado a sus funcionarios. Estos órdenes de dominación inestable se caracterizan por aparentar la rotación del poder, sin embargo, la mayor probabilidad los individuos poseedores de riquezas con respecto a los individuos que desarrollan trabajos profesionales de asumir funciones de gobierno, demuestra una regularidad social sobre los tipos de funcionarios públicos. Los individuos en los que recae la autoridad de mando son aquellos que no solo que tienen una posición económica favorable, sino además aquellos que obtienen sus ingresos sin trabajar regularmente como lo hacen los trabajadores profesionales. El poder para dominar en estos casos es alcanzado por el “honor estamental” adquirido por su posición social. La subsistencia de la dominación se manifiesta en la legitimidad que le otorga los ordenamientos jurídicos y las costumbres. “en la relación entre dominantes y dominados, la dominación suele apoyarse en motivos jurídicos” (Ibídem, pp. 707) La autojustificación que legitima el orden de dominación puede obedecer a una constelación de intereses (la dominación legal-burocrática se fundamenta en la autoridad de las normas y el cálculo de ventajas que se deriva de respetarlas), a una costumbre (la dominación tradicional responde a la autoridad personal que otorgan las tradiciones) o a la mera inclinación personal del súbdito (dominación carismática). ¿Cuáles son las motivaciones de los diferentes agentes involucrados para consentir una relación social basada en la explotación laboral? Para responder esta pregunta, aquí analizaremos el sentido mentado por los agentes sociales intervinientes en la contratación de fuerza de trabajo bajo el régimen de monotributo, por el que se establece una relación social de tipo laboral en la que se encube la explotación de los trabajadores a partir de consentir las irregularidades de las condiciones de trabajo. La acción social que cada uno de los participantes ejecuta es caracterizada por la racionalidad, siendo en ciertos casos con arreglo a fines (por parte del empleado, la acción se orienta a obtener un ingreso económico por su trabajo, en cambio, por parte del empleador, lo motiva obtener fuerza de trabajo a menor costo) o en otros casos con arreglo a valores (la “máxima” anacrónica que dice “el trabajo, dignifica”, enunciada por el General Perón, entra en juego a la hora de imponerse como mandato social contra la desocupación voluntaria). Las relaciones sociales de tipo laboral establecidas a través de la monotributación, no hace más que reproducir un determinado estado de la selección social, desarrollada mediante la competencia regulada del mercado de fuerza de trabajo, el cual está legitimado por la Ley de Contrato de Trabajo (1997) que conciente este tipo de relaciones laborales. Así, la selección social es la posibilidad de que determinado tipo de conductas y de cualidades personales puedan entrar en una determinada relación social. De este modo, la acción de los empleadores es una lucha; nos referimos así en el sentido de la orientación que toma la acción social de aprovecharse de la necesidad de trabajar para imponer la voluntad propia contra la resistencia de las otras partes. La ley favorece la selección de determinados tipos de relaciones sociales en donde la venta de fuerza de trabajo es encubierta bajo una relación comercial, beneficiando principalmente al empleador y ejecutando una acción política que desarrolla una relación de dominación. En este sentido, este tipo de relación laboral (o sea, aquellas que se encuentran encubierta por el sentido de la acción de sus participantes, a partir del pacto establecido entre ellos por el cual se unen en asociación bajo el régimen del monotributo) se desarrolla como una asociación de dominación. Este tipo de asociación se caracteriza por: a) la presencia de un cuerpo administrativo (el empleador que ejecuta su voluntad), b) la ejecución de una imposición coactiva (el espíritu de las leyes de flexibilización, es decir, la interpretación oficial del dictamen que encuentra su autoridad en el estado, imponiéndose mediante el monopolio legítimo de la violencia para el mantenimiento del orden vigente) y c) adopta la forma de relación social de tipo “cerrado” (me refiero a que, en este tipo de relación social, la participación en la explotación laboral contradice el ordenamiento vigente). En última instancia, decimos que este tipo de relación social es una asociación de dominación porque la lucha contra el ordenamiento que encubre dicha dominación es combatida por el estado mediante el uso de la coacción física. Así, a través del estado y su monopolio legítimo de la violencia, por ejemplo, se reprimen las manifestaciones que denuncian la explotación laboral de las ETT o se desgastan las acciones políticas de los movimientos piqueteros que reclaman dignidad y trabajo. Como contraparte al sentido de la acción del empleador al contratar fuerza de trabajo, nos encontramos con la conducta del trabajador explotado que acepta las condiciones desventajosas, adoptando una acción social racional con arreglo a fines, ya que en los casos de los trabajadores en condiciones de mayor vulnerabilidad social, la necesidad de un ingreso aunque sea inestable justifica racionalmente el sometimiento a condiciones laborales injustas. Pero también, se puede explicar esta conducta como una acción social con arreglo a valores en virtud de la máxima que afirma la dignidad de aquel que trabaja, aún en las peores condiciones. La explotación laboral desarrollada al apropiarse una empresa capitalista de la fuerza de trabajo mediante su contratación por el régimen del monotributo y las Ley de Contrato de Trabajo, es decir, apoyado por las políticas neoliberales que impulsaron las Leyes de Flexibilización Laboral durante la última década del Siglo XX, puede comprenderse comparándola con los distintos tipos de asociaciones políticas. Como relación social, este tipo de relación laboral, encubierta bajo la forma de contratación de servicios, describe las características de la asociación de empresas de tipo instituto. En esta asociación se pacta una sociedad entre el empleador y el trabajador contratado bajo condiciones distintas a las condiciones laborales regulares que gozan los trabajadores empleados bajo una relación de dependencia. Cuando la prestación de trabajo encubre una relación laboral, en la cual no se le asegura al trabajador la continuidad del trabajo y sometiéndolo a un régimen laboral inestable, decimos que este tipo de relación social es cerrada al exterior en virtud de una actividad racional con arreglo a fines que adopta cada uno de sus participantes, siendo una típica asociación económica de carácter monopólico o plutocrático. En este sentido, las empresas capitalistas dominan la distribución de las relaciones laborales estables, o sea, aquellas que gozan de una relación de dependencia. Así, sus ordenamientos acerca de las condiciones laborales de la fuerza de trabajo que emplea son aplicados mediante representaciones impuestas y prescindiendo de las vinculaciones solidarias entre los participantes. Por otra parte, la explotación laboral aparece realmente en las formas ambiguas o contradictorias de contratación de mano de obra, donde el empleador se beneficia dentro del estrecho margen entre la letra de la ley y su interpretación o forma de aplicarla. Un ejemplo de esto son los cartoneros porteños asociados a una cooperativa de trabajo. Con la reforma introducida por la Ley Nº 25.877 en lo relativo a las cooperativas de trabajo, se mantiene la prohibición que existía con anterioridad a la misma de actuar como intermediarios en la contratación de personal, no pudiendo desempeñarse en consecuencia como agencias de colocación ni como empresas de servicios eventuales o de temporada. Si bien la ley prohibe las cooperativas de trabajo para el servicio de colocación de personal (por ejemplo, como el personal de limpieza o de seguridad porque al ser estas actividades desarrollados en lugares externos a la jurisdicción de la cooperativas, es decir, una jurisdicción privada donde no se puede medir la producción o bien este personal es contratados por privados que destinan el servicio a intereses no regulables), cada vez más se adoptan en la práctica las formas de cooperativas de trabajo para producir servicios de este tipo. Este es el caso de los recolectores de cartones. Esta actividad al ser trashumante y donde los trabajadores pueden ser acompañados no solo por su núcleo familiar (permitido por la ley), sino también su familia extensa y hasta por sus vecinos o amigos, benefician a la empresa empleadora al evadir el costo del mantenimiento y la reproducción (en el sentido utilizado por Meillasoux) de la mayor parte de fuerza de trabajo que utilizada en la recolección del cartón. Estas asociaciones conforman un tipo de explotación laboral. Lo mismo sucede con el trabajo de inmigrantes en la prestación de trabajo ofrecida por los talleres textiles. Al realizarse la confección de prendas en un domicilio privado, es decir, fuera de la regulación pública, no se puede saber ni el origen del trabajo, ni tampoco se puede medir la cantidad ni la calidad de lo producido. En el caso de los talleres textiles, la permisión de la ley con respecto al trabajo familiar transformó en un mejor negocio la producción de ropa. Es así que actualmente los dueños de estos talleres instalan en sus viviendas una mayor cantidad de máquinas de cocer, poniendo a trabajar ilegalmente a cualquier número de personas. En el ejemplo de las cooperativas textiles clandestinas, los motivos que cada participante tiene para emprender este tipo de asociación, explican las causas que nos deja comprender el sentido de su acción. Por un lado, el trabajador contratado clandestinamente es alguien que necesita el ingreso para subsistir en un lugar donde no tiene otra alternativa, por ejemplo, el trabajo clandestino de inmigrantes. Por otro lado, los dueños de los talleres están inscriptos como monotributistas con el objetivo de enriquecerse con la evasión de los costos del trabajo empleado, haciendo trabajar no sólo a su núcleo familiar, sino que además instalando nuevos puesto de trabajo. De esta manera, “…toda forma de dominación en virtud de una constelación de intereses y sobre todo en virtud de una posesión de un monopolio, puede transformarse gradualmente en una dominación autoritaria.” (Ibídem, pp. 697) El orden de dominación política que impone la racionalidad neoliberal con respecto a las regulaciones laborales esconde una lógica de encubrimiento de las relaciones laborales efectivas. Aunque parece haberse desarrollado en la orientación inversa, primando los intereses de los capitalistas y el monopolio de los puestos de trabajo por sobre los intereses de los trabajadores, sin embargo, detrás de esta apariencia de libertad de asociación que posee la regulación neoliberal de las relaciones laborales, se encubre el hecho de la desigualdad de oportunidades que padecen los trabajadores con respecto a las empresas que los emplea, haciendo de esa asociación liberal una relación de dominación autoritaria. De esta manera, a través del ejemplo de la situación que atraviesan las cooperativas de trabajo y la ilegalidad de éstas como intermediarias en la contratación de trabajo (otro ejemplo patente es la irregularidad de las relaciones laborales establecidas por las ETT españolas) explicamos las razones por las que una asociación de tipo instituto deviene en un cambio hacia una asociación de empresas tipo unión, indicando el transito gradual de una dominación en sentido estricto a una dominación en sentido amplio, representando una dominación de hecho tan válida en un caso como en el otro. En otras palabras, entendemos, por esta razón, que la racionalidad capitalista eliminó el obstáculo que implicaba la relación laboral estable, estableciendo un tipo de relación laboral más conveniente a sus propios intereses, imponiendo un nuevo tipo de asociación cuyas ordenaciones en torno a la regularidad laboral benefician únicamente al capital. Este nuevo régimen de trabajo implica que dicha relación laboral puede finalizar en cualquier momento, todo depende según cómo se plantee el juego de intereses. Aunque la continuidad de la relación laboral está sujeta a la voluntad de cada una de las partes involucradas, los beneficios de la parte con más poder en dicha relación laboral impone el peso de su voluntad. Así, a diferencia de la dominación de autoridad que regulaba las anteriores relaciones laborales, cuyas reglamentaciones sobre los derechos del trabajador se legitimaban en los mandatos ordenados con respecto las dependencia laboral de los empleados en los empleadores, la flexibilización laboral ha hecho a que el trabajador se someta a una dominación organizada mediante la constelación de intereses de los participantes, es decir, en la que la asociación está sujeta a la libre decisión de las partes. Sin embargo, en este tipo de sociedad laboral, los empleadores capitalistas son los monopolizadores de los puestos de trabajo de relación de dependencia, beneficiando únicamente a los intereses de la empresa capitalista al otorgarle un mayor abanico de oportunidades que la colocan en una posición privilegiada con respecto a los trabajadores. Para la empresa empleadora, el valor que tiene su libre decisión de acción dentro de la asociación con el trabajador le permite deducir su provecho de acuerdo a la necesidad de trabajo, racionalizar los ingresos económicos de los trabajadores explotados o desocupados, o calcular la disponibilidad de mano de obra barata según la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los grupos sociales de los que se enrolan trabajadores. La racionalidad capitalista le incumbe en que medida está la población sometida más o menos dispuesta a someterse “relativamente a voluntad” al régimen de trabajo irregular. A pesar de esto, los trabajadores adoptan una actitud de obediencia como si fueran cómplice del capitalista en el emprendimiento que establece la relación laboral de explotación como medio para enriquecerse. En este sentido, “…entendemos aquí por ‘dominación’ un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta (‘mandato’) del ‘dominador’, influye en los actos de los otros, […] como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato (‘obediencia’).” (Ibídem, pp. 699) Los trabajadores explotados (aquellos enrolados en el régimen voluntario de contrato de trabajo) son obedientes porque ven sus acciones condicionadas a pesar de que son los intereses de todos los participantes los que entran en el libre juego de los negocios. Sin embargo, la voluntad de cada uno de ellos influye en un sector parcial del proceso y, en este sentido, también “domina” la voluntad del otro, inclusive contra su resistencia. De todas maneras, la acción tomada por el empleador influye en mayor medida sobre el trabajador que la de éste último sobre el destino de una poderosa empresa capitalista. Por esta razón, la “dominación por intereses” sobre los monopolios de puestos estables de trabajo es transformada en un régimen de “dominación por autoridad” en función de la desigualdad de posibilidades que padece cada uno de los participantes para decidir el futuro de la asociación establecida con las otras partes en condiciones efectivamente libres. En este sentido, “…la diferencia entre un ‘negocio’ privado y el ‘desempeño de un cargo’ público […] es solo el producto de una evolución y en modo alguno está en todas partes tan bien perfilada.” (Ibídem, pp. 700) Así, el tránsito de una dominación por intereses de las relaciones laborales hacia una dominación por autoridad sobre la fuerza de trabajo sólo expresa un cambio de gradaciones en el tipo de obediencia que encuentra cada una de las partes en los mandatos. La consideración sociológica no debe olvidar que tal referencia al “poder de mando” en una asociación se expresa en la vida social como una realidad relativa y “fluctuante”. De esta forma, el estudio sociológico de las relaciones de poder, en este caso, debe escapar a la interpretación dogmática o “ideal” que se hace sobre una determinada norma. En cambio, la comprensión sociológica de la dominación debe apoyarse en los aspectos “fácticos” que determinan el poder, exigiendo un orden normativo legal y remitiéndonos forzosamente al sistema de nociones jurídicas. La racionalidad extrema de la sociedad moderna ha conducido a tener en los sistemas democráticos de gobiernos y en otros órdenes de dominación inestable (como lo son, por ejemplo, las empresas capitalistas) un seguro contra el despotismo y el exceso de autoridad. Sin embargo, aunque el régimen de gobierno es fluctuante dentro del capitalismo, el poder circulará siempre entre los propietarios, pero nunca entre los trabajadores. Los límites democráticos de orden liberal, en este sentido, puede reducirse al hecho de que la autoridad de un empresario capitalista no es considerada por las virtudes personales o los mayores conocimientos con que cuenta este con respecto a otros, sino que su autoridad es legítima en tanto es considerado como dueño de su empresa. En última instancia, lo que legitima el dominio del empleador sobre el empleado es el “honor estamental” instaurado por la propiedad privada. Existe una dominación mediante la organización de la minoría empresarial dominante cuando estos ocultan sus propias intenciones al contratar fuerza de trabajo para utilizarla en tareas distintas a las establecidas por norma o cuando no categorizan a sus empleados de acuerdo a la tarea que realizan. “¿En qué último principio puede apoyarse la validez, la legitimidad de una forma de dominio, es decir, la exigencia de una obediencia por parte de los funcionarios frente al señor y por parte de los dominados a ambos?” (Ibídem, pp. 705) El sistema económico capitalista es el conjunto de asociaciones entre “señores” propietarios (cuya autoridad no es delegada por otro) y sus “aparatos de mando” (el séquito de funcionarios interesados beneficiarios del ejercicio de los poderes imperativos y coactivos encaminados a la conservación de la dominación) con el objetivo de apropiarse de la manera más racional de acuerdo a sus propios intereses de la fuerza de trabajo de sus trabajadores (cuya actividad no pueden ser otra que la de trabajar para sus señores). La empresa capitalista debe ser entendida como una organización de dominación llevada adelante por una minoría. En este sentido, las empresas que emplean trabajadores en condiciones de explotación confabulan una dominación secreta en contra de su fuerza de trabajo. “La subsistencia de la dominación […] se manifiesta de modo más preciso mediante la autojustificación que apela a los principios de legitimidad.” (Ibídem, pp. 706) La legitimación fundamental la encontramos no sólo en los ordenamientos jurídicos, sino también en las “leyendas” sobre la suerte merecida que justifican los privilegios del empresario por sobre los trabajadores. Esta autojustificación de la dominación legal-burocrática se efectúa a través, por ejemplo, de la autoridad de las leyes sobre la propiedad privada que legitima el mandato del patrón sobre sus trabajadores o los ordenamientos fiscales que impulsaron la aplicación de la flexibilización laboral, sometiendo al trabajador al régimen monotributista del trabajo inestable. Además, otro tipo de autojustificación, relativa a la dominación tradicional, se impone en la idea de los empleadores explotadores quienes, ante una acusación de condiciones laborales injustas, argumentan la justificación de las condiciones de empleo en virtud de la apertura de los puestos de trabajo o la cantidad de familias que subsisten gracias a las condiciones laborales que brinda la empresa. Este ejemplo muestra como actúa la autoridad personal que le confiere el estatus de dueño del negocio para sostener tremendo argumento, por ejemplo, en una conversación con un trabajador dominado. Finalmente, un último tipo de autojustificación de la dominación presente en las relaciones laborales son las que se fundan en las personalidades concretas como, por ejemplo, los atributos carismáticos que utilizan los funcionarios de una empresa capitalista al convencer a nuevos postulantes de la seguridad de su futuro con su contratación. La dominación carismática de la empresa capitalista se hace, también, presente en el sentido de trascendencia en el que hacen participar los capacitadores de personal de las empresas de servicios de venta telefónico a los nuevos operadores. Las entrevistas de trabajo y las capacitaciones laborales deben verse como espacios de comunicación armados para trasmitir al nuevo empleado esos “dotes sobrenaturales” que tiene la empresa para ofrecerle, con el objetivo de contentarlo para ganar su confianza, seduciéndolo con las oportunidades de crecimiento que se le presentarían con el nuevo empleo, tratando de despertar en el trabajador la virtud de devoción afectiva por la empresa. Estos tipos de dominación política existentes en las asociaciones entre empresas y trabajadores contratados, expresan la sobrevaloración por parte de la sociedad capitalista sobre la propiedad privada y el capital en desmedro del costo del trabajo humano. Acá aparece el carácter eminentemente protestante tanto de la propiedad como de la empresa capitalista, contrastando con el carácter decididamente católico del trabajador explotado. En el trabajador, como contraparte del capitalista que contrata fuerza de trabajo en condiciones desiguales a otros trabajadores, se presentan invertidos aquellos valores del capitalismo asociados con el protestantismo, apareciendo estos últimos bien presente en la conducta de la parte empleadora. En la relación social entre empleadores y trabajadores, por un lado, el trabajador cuentrapropista se le adjudica y adopta “los valores del buen dormir”, es decir, aquellos asociados a la maximización del ocio, mientras que los empleadores y todo el cuadro administrativo que lo acompaña adoptan “los valores del buen comer”, o sea, aquellos valores asociados a la maximización de los beneficios económicos. (La ética protestante) Este proceso de racionalización y de desencanto del mundo que ha devenido la sociedad capitalista, ha determinado el mercado de trabajo de la misma manera como se ha desarrollado el mercado religioso, es decir, decidiendo de la misma manera la distribución de los bienes. En este sentido ha devenido el sentido de beruf (profesión) en el ámbito laboral. Así, actualmente, el valor social de la vocación tiene una distribución diferenciada según la posición del individuo en las relaciones de poder establecidas en el sistema laboral. En un sistema dominado por la racionalización maximizadora de los recursos económicos e intelectuales de los individuos, la noción de vocación está más presente en las actividades laborales con mayor autoridad de mando que en aquellas actividades en las que el trabajo se reduce a obedecer. Así, mientras las empresas capitalistas, compuesta por el cuerpo administrativo, el sector gerencial y por los empleados, otorgan ordenamientos sobre quienes adquieren los bienes vocacionales dentro de la actividad profesional, en cambio, los trabajadores contratados no pueden acceder a esos beneficios afectivos a través de los cuales el ser humano se relaciona con su trabajo. La racionalidad del sistema llega al punto en que la empresa capitalista como instituto (o sea, la asociación con ordenamientos impuestos unilateralmente que constituyen su poder) requiere que la profesión de sus trabajadores aumente en vocación a medida que adquieren mayor autoridad. La especialización de tareas es el mecanismo ideal para el desarrollo de las particularidades individuales y la constitución de una identidad especial del profesional con su trabajo a partir de la acumulación de poder de mando. De esta manera, la sociedad moderna y la empresa capitalista entienden por vocación como una actitud proactiva de las personas mientras se efectúa la prestación de trabajo. Por otro lado, los trabajadores contratados como trabajadores irregulares que se vinculan con su trabajo mediante una unión libre con las empresas y quedándose sin trabajo de un momento a otro, queda excluido de esta noción proactiva sobre la vocación en el trabajo.

Aquí nos interesa obtener una noción sobre los distintos tipos de mentalidades que se relacionan en el ámbito laboral de nuestra sociedad capitalista. Nos interrogaremos sobre el sentido de la conducta de los individuos que intervienen en la relación laboral desarrollada a partir de las leyes de flexibilización laboral. Nuestro objetivo es interpretar el significado cultural que guardan las conductas llevadas a cabo tanto por los explotadores como por los explotados en la contratación de fuerza de trabajo. Veremos que el desarrollo de la relación laboral encubierta y establecida mediante la monotributación constituye un tipo de asociación de dominación. Específicamente, nos interesa saber, ¿cuáles son las motivaciones de los diferentes agentes involucrados para consentir una relación social basada en la explotación laboral?

La sociología es la ciencia que se encarga de comprender la acción social, interpretando el sentido subjetivo que los individuos (agentes) ejecutan con arreglo a fines, con el objeto de poder explicarla sus causas racionalmente. Así, el objeto de estudio de la sociología comprensiva es la acción social. Esta puede ser una acción racional (como una acción social con arreglo a fines o como una acción social con arreglo a valores) o puede ser una acción irracional (como una acción con arreglo a afectos o una acción con arreglo a la tradición), sin embargo, ninguna modalidad de conducta se expresa en la realidad en estado puro sino en combinación con otro tipo de conducta, puesto que estos tipos de comportamiento social representan tipos conceptuales que expresan formas ideales de la conducta humana referida a otro, en donde la adecuación de sentido es plena, siendo condensado su significado en una construcción ideal.
La sociología comprensiva es racionalista porque aborda la construcción racional de una acción (en tanto conducta de una o varias personas) con arreglo a fines. La sociología construye “conceptos-tipo”, es decir, construcciones que no tienen un referente empírico, sino que es una abstracción con las que se afana por encontrar reglas generales del acaecer. Los conceptos sociológicos se fundan en la realidad histórica de la acción y construyen un fenómeno de univocidad a través de la adecuación de sentido de esta acción. Los casos sociológicos solo pueden elaborase a partir de estos tipos puros o ideales con el objetivo de comprender la acción real. Estos tipos conceptuales se diferencian de los tipos empíricos-estadísticos los que tratan de abordar la realidad por término medio.
Así, la comprensión sociológica no solo le interesa saber qué sentido tiene la acción social (comprensión actual); además, se propone explicar los motivos del sentido de las acciones (comprensión explicativa). Los motivos que encarnan los individuos a través de sus acciones encuentran su validez legítima atribuyendo su sentido a un orden determinado. La legitimidad del sentido de la acción es el motivo que se impone al sentido según cada uno de los tipos de acción: acciones racionales con arreglo a fines, acciones racionales con arreglo a valores, acciones irracionales tradicionales o acciones irracionales afectivas.
Cada hecho de la vida social es caracterizado de modo decisivo por la “lucha de motivos” u “ocasión”, estableciendo una relación especial entre el fundamento de sentido de la acción social y el comportamiento llevado a cabo por los individuos. En este sentido, la relación social es una acción referida a otro en la cual se espera una reciprocidad, es decir, la posibilidad de una acción establecida de la otra parte involucrada que se adecue plenamente al sentido mentado por los participantes. El sentido esperado por cada una de las partes conforma “máximas”, siendo estas los significados pactados entre ellas. El análisis de lo social es la reconstrucción de las múltiples vinculaciones de los agentes, es decir, el desarrollo de las constelaciones de relaciones sociales que se conforman en la vida social.
Con el objetivo de interpretar el sentido de su acción social, conviene tratar determinadas formaciones sociales como si fueran individuos. “Esas formaciones sociales no son otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que tan sólo éstas pueden ser sujeto de una acción orientada por su sentido.” (Ibídem, pp. 12) A diferencia de la sociología organicista que rechaza el estudio de los motivos de la conducta individual a favor de la investigación de la función de las partes de un todo, la sociología comprensiva, sin caer en un individualismo metodológico o en una explicación psicológica, refiere al valor de la acción social, es decir, la acción típica que ejecutan los distintos agentes. La sociología se ocupa de encontrar las regularidades en la acción social en tanto su sentido mentado sea típicamente homogéneo, investigando los tipos de desarrollo de la acción social. Estos usos sociales en los que se orienta la conducta humana, o en otras palabras, “la probabilidad de regularidad en la conducta”, pueden o no estar orientados por un interés específico. En el caso afirmativo, la acción se desarrolla dentro de una orientación racional, en donde la acción tiene arreglo a fines y cuyo significado es mentado por cada uno de los agentes intervinientes, siendo ejecutada con expectativas similares por cada uno. De esta manera, en virtud de la representación compartida de la existencia de un orden legítimo, en las relaciones sociales se conforman convenciones sobre la evolución de los pactos que se han establecido, otorgándole “validez” a la conducta social de los individuos, es decir, aquella referida hacia la conducta de otro. El sentido de la validez de ciertas conductas hacen que estas se desarrollen exclusivamente por la existencia de un interés o un arraigo en la costumbre, sino que además interviene un “sentimiento del deber ser” que le otorga un “prestigio de legitimidad” a la acción. La legitimidad de un orden puede estar garantizada de manera puramente interna (por medio de un sentido afectivo, racional con arreglo a valores o religiosa, es decir los diferentes tipos ideales que adopta el sentido de la acción social) o determinada por consecuencias externas, o sea, por una situación de intereses calculado.
La sociedad es posible a partir de concebir la creencia en la legalidad de las órdenes pactadas y en la autoridad legítima, desarrollando las relaciones sociales entre los individuos como una lucha en la que cada participante orienta la acción por el propósito de imponer la voluntad propia contra la resistencia de los demás. En la sociedad capitalista, esta lucha por la existencia toma la forma pacífica de la competencia regulada, principio básico de la lucha o selección social, en la que “…una determinada clase de acción ha sido desplazada en el curso del tiempo por otra…” (Conceptos sociológicos fundamentales, pp. 32), es decir, que ciertas relaciones sociales tienen más probabilidades que otras de acuerdo al tipo de conducta que ejecutan los participantes.
Los diversos motivos de las acciones individuales, al estar orientados a los otros, constituyen distintos tipos de relaciones sociales. Las relaciones sociales se pueden clasificar en distintos tipos-ideales de acuerdo a la actitud que inspira la acción social que desarrollan los participantes. De esta forma, una relación social es llamada comunidad cuando la actitud en la acción social se inspira en un sentimiento subjetivo de los participantes de construir un todo. En cambio, una sociedad es una relación social cuya actitud en la acción social se inspira en una compensación o unión de intereses por motivos racionales. La mayoría de las relaciones sociales participan a la misma vez tanto de una actitud sentimental de la acción social como de compensación o unión de intereses racionales orientados a fines o a valores.
Las relaciones sociales también pueden ser clasificadas según la aplicación del derecho que se ejerce. Se dice que una relación social es abierta al exterior cuando no existen leyes que nieguen la participación en la acción social, es decir, que en la participación de esa relación social existe una equivalencia plena con la regulación vigente. En cambio, la relación social es cerrada al exterior cuando la participación en la acción social es excluida, limitada o sometida a condiciones del sentido de la acción, es decir, al estar condicionada por el exterior, la acción social tiende a ser hermética y restringida. Las relaciones sociales cerradas, a diferencia de su contraparte abierta al exterior donde la libre participación se orienta al fomento de la propagación de dicha relación, la participación esperan obtener ventaja en su monopolización.
Las relaciones sociales se pueden clasificar por sus consecuencias. Por un lado, las relaciones sociales de solidaridad se desarrollan donde la acción de todos los participantes se impute a todos los demás como, por ejemplo, dentro del grupo familiar o doméstico. Por otro lado, las relaciones sociales de representación se desarrollan donde la acción de un solo participante se impute a todos los demás como, por ejemplo, en las asociaciones estatuidas y en las uniones formadas para el logro de algún fin.
La combinación de los diferentes tipos de relaciones sociales (entendiendo por estos siempre expresiones relativas que difícilmente se dan en la realidad en estados puros, sino siempre en distintos niveles y composiciones) conforman distintos tipos de asociaciones, es decir, relaciones sociales con una regulación limitadora hacia fuera cuando el mantenimiento de su orden está garantizado por la conducta de un dirigente o, eventualmente, un cuerpo administrativo, destinada en especial a ese propósito. La existencia de un cuerpo administrativo y la imposición coactiva de los ordenamientos otorgados (es decir, impuestos) en el desarrollo de una relación social constituye una asociación política que, en última instancia, conduce al orden de dominación de una de las parte hacia la otra. En este tipo de asociaciones de dominación no sólo existe la posibilidad de imponer la propia voluntad, sino que además existe la disciplina o, en otras palabras, la posibilidad de encontrar obediencia para un mandato.
En este sentido, debe entenderse por empresa a una acción que persigue fines de una determinada clase de un modo continuo. Todas las asociaciones derivadas constituyen ordenamientos estatuidos racionalmente. Una asociación de empresa cuyas ordenaciones estatuidas sólo pretenden validez para los miembros por decisión libre expresa una unión voluntaria entre los participantes de la acción, como por ejemplo, en la participación en una secta. En cambio, un instituto es una asociación cuyas ordenaciones estatuidas han sido impuestas y rigen de hecho con respecto a toda acción tenga lugar en el ámbito de poder como, por ejemplo, la Iglesia.
El Estado es el instituto por antonomasia siempre que sus ordenaciones estén racionalmente estatuidas. El estado, en su pleno ejercicio de las ordenaciones otorgadas, es decir, apropiadas en virtud del derecho que lo reglamenta, es un instituto de asociación territorial. Este se conforma en una asociación de dominación, siendo una asociación política cuando la validez de sus ordenaciones estén dentro un determinado espacio geográfico garantizados de un modo continuo mediante la amenaza y la aplicación de la fuerza física por parte de su cuerpo administrativo. Así, el Estado debe entenderse como un instituto político de actividad continuada en el cual se reserva el monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente.
La sociología de la dominación se define como el estudio de un caso especial de las formas del poder, siendo uno de los más importantes elementos de la acción comunitaria. Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Como este concepto de poder resulta sociológicamente amorfo porque se pueden imaginar múltiples cualidades en las que los individuos imponen su propia voluntad en una situación dada, resulta útil el concepto de dominación, definiendo por esto a la probabilidad de encontrad obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas; en otros términos, existe un régimen de disciplina u obediencia habitual por la que se encuentra dentro de un grupo una actitud arraigada hacia un mandato.
En este sentido, la sociología de la dominación es la interpretación del sentido de la acción social de aquellas formas sociales en las que se convierte una acción comunitaria amorfa en una asociación racional. Un ejemplo de esto son las comunidades lingüísticas en las que se impone un idioma oficial a través de la educación oficial, ya que “…todas las esferas de la acción comunitaria están sin excepción profundamente influidos por las formas de dominación.” (Sociología de la dominación, pp. 695)
Si bien no debe entenderse por dominación como una tendencia exclusiva o constante a perseguir intereses económicos ya que los beneficios pecuniarios son muchas veces una consecuencia de la imposición de determinados ordenamientos impuestos, “…la forma típica de dominación en virtud de una constelación de intereses puede transformarse gradualmente en una dominación autoritaria”. (Sociología de la dominación, pp. 697) La dominación puede estar orientada de dos formas: por un lado, por el interés como, por ejemplo, las estructuras económicas que permiten la gestación de monopolios; o de otra manera, por la autoridad como, por ejemplo, el derecho a la obediencia que dictan ciertos mandatos establecidos independientemente de los motivos e intereses.
Aquí nos interesa la noción de “dominación” en tanto es entendida como “régimen de gobierno”, pues todo régimen de gobierno necesita del dominio en alguna de sus formas. Para su desempeño debe colocarse poderes en manos de alguien, pero (como sucede en los gobiernos democráticos y otros órdenes de dominación inestable como, por ejemplo, las empresas capitalistas), el “empoderamiento” de los gobernantes tiende a ser distribuido lo más racionalmente posible, tendiendo a la paridad y la reducción al mínimo del poder otorgado a sus funcionarios. Estos órdenes de dominación inestable se caracterizan por aparentar la rotación del poder, sin embargo, la mayor probabilidad los individuos poseedores de riquezas con respecto a los individuos que desarrollan trabajos profesionales de asumir funciones de gobierno, demuestra una regularidad social sobre los tipos de funcionarios públicos. Los individuos en los que recae la autoridad de mando son aquellos que no solo que tienen una posición económica favorable, sino además aquellos que obtienen sus ingresos sin trabajar regularmente como lo hacen los trabajadores profesionales. El poder para dominar en estos casos es alcanzado por el “honor estamental” adquirido por su posición social.
La subsistencia de la dominación se manifiesta en la legitimidad que le otorga los ordenamientos jurídicos y las costumbres. “en la relación entre dominantes y dominados, la dominación suele apoyarse en motivos jurídicos” (Ibídem, pp. 707) La autojustificación que legitima el orden de dominación puede obedecer a una constelación de intereses (la dominación legal-burocrática se fundamenta en la autoridad de las normas y el cálculo de ventajas que se deriva de respetarlas), a una costumbre (la dominación tradicional responde a la autoridad personal que otorgan las tradiciones) o a la mera inclinación personal del súbdito (dominación carismática).

¿Cuáles son las motivaciones de los diferentes agentes involucrados para consentir una relación social basada en la explotación laboral?
Para responder esta pregunta, aquí analizaremos el sentido mentado por los agentes sociales intervinientes en la contratación de fuerza de trabajo bajo el régimen de monotributo, por el que se establece una relación social de tipo laboral en la que se encube la explotación de los trabajadores a partir de consentir las irregularidades de las condiciones de trabajo. La acción social que cada uno de los participantes ejecuta es caracterizada por la racionalidad, siendo en ciertos casos con arreglo a fines (por parte del empleado, la acción se orienta a obtener un ingreso económico por su trabajo, en cambio, por parte del empleador, lo motiva obtener fuerza de trabajo a menor costo) o en otros casos con arreglo a valores (la “máxima” anacrónica que dice “el trabajo, dignifica”, enunciada por el General Perón, entra en juego a la hora de imponerse como mandato social contra la desocupación voluntaria).
Las relaciones sociales de tipo laboral establecidas a través de la monotributación, no hace más que reproducir un determinado estado de la selección social, desarrollada mediante la competencia regulada del mercado de fuerza de trabajo, el cual está legitimado por la Ley de Contrato de Trabajo (1997) que conciente este tipo de relaciones laborales. Así, la selección social es la posibilidad de que determinado tipo de conductas y de cualidades personales puedan entrar en una determinada relación social. De este modo, la acción de los empleadores es una lucha; nos referimos así en el sentido de la orientación que toma la acción social de aprovecharse de la necesidad de trabajar para imponer la voluntad propia contra la resistencia de las otras partes. La ley favorece la selección de determinados tipos de relaciones sociales en donde la venta de fuerza de trabajo es encubierta bajo una relación comercial, beneficiando principalmente al empleador y ejecutando una acción política que desarrolla una relación de dominación.
En este sentido, este tipo de relación laboral (o sea, aquellas que se encuentran encubierta por el sentido de la acción de sus participantes, a partir del pacto establecido entre ellos por el cual se unen en asociación bajo el régimen del monotributo) se desarrolla como una asociación de dominación. Este tipo de asociación se caracteriza por: a) la presencia de un cuerpo administrativo (el empleador que ejecuta su voluntad), b) la ejecución de una imposición coactiva (el espíritu de las leyes de flexibilización, es decir, la interpretación oficial del dictamen que encuentra su autoridad en el estado, imponiéndose mediante el monopolio legítimo de la violencia para el mantenimiento del orden vigente) y c) adopta la forma de relación social de tipo “cerrado” (me refiero a que, en este tipo de relación social, la participación en la explotación laboral contradice el ordenamiento vigente). En última instancia, decimos que este tipo de relación social es una asociación de dominación porque la lucha contra el ordenamiento que encubre dicha dominación es combatida por el estado mediante el uso de la coacción física. Así, a través del estado y su monopolio legítimo de la violencia, por ejemplo, se reprimen las manifestaciones que denuncian la explotación laboral de las ETT o se desgastan las acciones políticas de los movimientos piqueteros que reclaman dignidad y trabajo.
Como contraparte al sentido de la acción del empleador al contratar fuerza de trabajo, nos encontramos con la conducta del trabajador explotado que acepta las condiciones desventajosas, adoptando una acción social racional con arreglo a fines, ya que en los casos de los trabajadores en condiciones de mayor vulnerabilidad social, la necesidad de un ingreso aunque sea inestable justifica racionalmente el sometimiento a condiciones laborales injustas. Pero también, se puede explicar esta conducta como una acción social con arreglo a valores en virtud de la máxima que afirma la dignidad de aquel que trabaja, aún en las peores condiciones.
La explotación laboral desarrollada al apropiarse una empresa capitalista de la fuerza de trabajo mediante su contratación por el régimen del monotributo y las Ley de Contrato de Trabajo, es decir, apoyado por las políticas neoliberales que impulsaron las Leyes de Flexibilización Laboral durante la última década del Siglo XX, puede comprenderse comparándola con los distintos tipos de asociaciones políticas. Como relación social, este tipo de relación laboral, encubierta bajo la forma de contratación de servicios, describe las características de la asociación de empresas de tipo instituto. En esta asociación se pacta una sociedad entre el empleador y el trabajador contratado bajo condiciones distintas a las condiciones laborales regulares que gozan los trabajadores empleados bajo una relación de dependencia. Cuando la prestación de trabajo encubre una relación laboral, en la cual no se le asegura al trabajador la continuidad del trabajo y sometiéndolo a un régimen laboral inestable, decimos que este tipo de relación social es cerrada al exterior en virtud de una actividad racional con arreglo a fines que adopta cada uno de sus participantes, siendo una típica asociación económica de carácter monopólico o plutocrático. En este sentido, las empresas capitalistas dominan la distribución de las relaciones laborales estables, o sea, aquellas que gozan de una relación de dependencia. Así, sus ordenamientos acerca de las condiciones laborales de la fuerza de trabajo que emplea son aplicados mediante representaciones impuestas y prescindiendo de las vinculaciones solidarias entre los participantes.
Por otra parte, la explotación laboral aparece realmente en las formas ambiguas o contradictorias de contratación de mano de obra, donde el empleador se beneficia dentro del estrecho margen entre la letra de la ley y su interpretación o forma de aplicarla. Un ejemplo de esto son los cartoneros porteños asociados a una cooperativa de trabajo. Con la reforma introducida por la Ley Nº 25.877 en lo relativo a las cooperativas de trabajo, se mantiene la prohibición que existía con anterioridad a la misma de actuar como intermediarios en la contratación de personal, no pudiendo desempeñarse en consecuencia como agencias de colocación ni como empresas de servicios eventuales o de temporada. Si bien la ley prohibe las cooperativas de trabajo para el servicio de colocación de personal (por ejemplo, como el personal de limpieza o de seguridad porque al ser estas actividades desarrollados en lugares externos a la jurisdicción de la cooperativas, es decir, una jurisdicción privada donde no se puede medir la producción o bien este personal es contratados por privados que destinan el servicio a intereses no regulables), cada vez más se adoptan en la práctica las formas de cooperativas de trabajo para producir servicios de este tipo. Este es el caso de los recolectores de cartones. Esta actividad al ser trashumante y donde los trabajadores pueden ser acompañados no solo por su núcleo familiar (permitido por la ley), sino también su familia extensa y hasta por sus vecinos o amigos, benefician a la empresa empleadora al evadir el costo del mantenimiento y la reproducción (en el sentido utilizado por Meillasoux) de la mayor parte de fuerza de trabajo que utilizada en la recolección del cartón.
Estas asociaciones conforman un tipo de explotación laboral. Lo mismo sucede con el trabajo de inmigrantes en la prestación de trabajo ofrecida por los talleres textiles. Al realizarse la confección de prendas en un domicilio privado, es decir, fuera de la regulación pública, no se puede saber ni el origen del trabajo, ni tampoco se puede medir la cantidad ni la calidad de lo producido. En el caso de los talleres textiles, la permisión de la ley con respecto al trabajo familiar transformó en un mejor negocio la producción de ropa. Es así que actualmente los dueños de estos talleres instalan en sus viviendas una mayor cantidad de máquinas de cocer, poniendo a trabajar ilegalmente a cualquier número de personas. En el ejemplo de las cooperativas textiles clandestinas, los motivos que cada participante tiene para emprender este tipo de asociación, explican las causas que nos deja comprender el sentido de su acción. Por un lado, el trabajador contratado clandestinamente es alguien que necesita el ingreso para subsistir en un lugar donde no tiene otra alternativa, por ejemplo, el trabajo clandestino de inmigrantes. Por otro lado, los dueños de los talleres están inscriptos como monotributistas con el objetivo de enriquecerse con la evasión de los costos del trabajo empleado, haciendo trabajar no sólo a su núcleo familiar, sino que además instalando nuevos puesto de trabajo.
De esta manera, “…toda forma de dominación en virtud de una constelación de intereses y sobre todo en virtud de una posesión de un monopolio, puede transformarse gradualmente en una dominación autoritaria.” (Ibídem, pp. 697) El orden de dominación política que impone la racionalidad neoliberal con respecto a las regulaciones laborales esconde una lógica de encubrimiento de las relaciones laborales efectivas. Aunque parece haberse desarrollado en la orientación inversa, primando los intereses de los capitalistas y el monopolio de los puestos de trabajo por sobre los intereses de los trabajadores, sin embargo, detrás de esta apariencia de libertad de asociación que posee la regulación neoliberal de las relaciones laborales, se encubre el hecho de la desigualdad de oportunidades que padecen los trabajadores con respecto a las empresas que los emplea, haciendo de esa asociación liberal una relación de dominación autoritaria. De esta manera, a través del ejemplo de la situación que atraviesan las cooperativas de trabajo y la ilegalidad de éstas como intermediarias en la contratación de trabajo (otro ejemplo patente es la irregularidad de las relaciones laborales establecidas por las ETT españolas) explicamos las razones por las que una asociación de tipo instituto deviene en un cambio hacia una asociación de empresas tipo unión, indicando el transito gradual de una dominación en sentido estricto a una dominación en sentido amplio, representando una dominación de hecho tan válida en un caso como en el otro. En otras palabras, entendemos, por esta razón, que la racionalidad capitalista eliminó el obstáculo que implicaba la relación laboral estable, estableciendo un tipo de relación laboral más conveniente a sus propios intereses, imponiendo un nuevo tipo de asociación cuyas ordenaciones en torno a la regularidad laboral benefician únicamente al capital. Este nuevo régimen de trabajo implica que dicha relación laboral puede finalizar en cualquier momento, todo depende según cómo se plantee el juego de intereses. Aunque la continuidad de la relación laboral está sujeta a la voluntad de cada una de las partes involucradas, los beneficios de la parte con más poder en dicha relación laboral impone el peso de su voluntad.
Así, a diferencia de la dominación de autoridad que regulaba las anteriores relaciones laborales, cuyas reglamentaciones sobre los derechos del trabajador se legitimaban en los mandatos ordenados con respecto las dependencia laboral de los empleados en los empleadores, la flexibilización laboral ha hecho a que el trabajador se someta a una dominación organizada mediante la constelación de intereses de los participantes, es decir, en la que la asociación está sujeta a la libre decisión de las partes. Sin embargo, en este tipo de sociedad laboral, los empleadores capitalistas son los monopolizadores de los puestos de trabajo de relación de dependencia, beneficiando únicamente a los intereses de la empresa capitalista al otorgarle un mayor abanico de oportunidades que la colocan en una posición privilegiada con respecto a los trabajadores. Para la empresa empleadora, el valor que tiene su libre decisión de acción dentro de la asociación con el trabajador le permite deducir su provecho de acuerdo a la necesidad de trabajo, racionalizar los ingresos económicos de los trabajadores explotados o desocupados, o calcular la disponibilidad de mano de obra barata según la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los grupos sociales de los que se enrolan trabajadores. La racionalidad capitalista le incumbe en que medida está la población sometida más o menos dispuesta a someterse “relativamente a voluntad” al régimen de trabajo irregular.
A pesar de esto, los trabajadores adoptan una actitud de obediencia como si fueran cómplice del capitalista en el emprendimiento que establece la relación laboral de explotación como medio para enriquecerse. En este sentido, “…entendemos aquí por ‘dominación’ un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta (‘mandato’) del ‘dominador’, influye en los actos de los otros, […] como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato (‘obediencia’).” (Ibídem, pp. 699)
Los trabajadores explotados (aquellos enrolados en el régimen voluntario de contrato de trabajo) son obedientes porque ven sus acciones condicionadas a pesar de que son los intereses de todos los participantes los que entran en el libre juego de los negocios. Sin embargo, la voluntad de cada uno de ellos influye en un sector parcial del proceso y, en este sentido, también “domina” la voluntad del otro, inclusive contra su resistencia. De todas maneras, la acción tomada por el empleador influye en mayor medida sobre el trabajador que la de éste último sobre el destino de una poderosa empresa capitalista. Por esta razón, la “dominación por intereses” sobre los monopolios de puestos estables de trabajo es transformada en un régimen de “dominación por autoridad” en función de la desigualdad de posibilidades que padece cada uno de los participantes para decidir el futuro de la asociación establecida con las otras partes en condiciones efectivamente libres. En este sentido, “…la diferencia entre un ‘negocio’ privado y el ‘desempeño de un cargo’ público […] es solo el producto de una evolución y en modo alguno está en todas partes tan bien perfilada.” (Ibídem, pp. 700) Así, el tránsito de una dominación por intereses de las relaciones laborales hacia una dominación por autoridad sobre la fuerza de trabajo sólo expresa un cambio de gradaciones en el tipo de obediencia que encuentra cada una de las partes en los mandatos.
La consideración sociológica no debe olvidar que tal referencia al “poder de mando” en una asociación se expresa en la vida social como una realidad relativa y “fluctuante”. De esta forma, el estudio sociológico de las relaciones de poder, en este caso, debe escapar a la interpretación dogmática o “ideal” que se hace sobre una determinada norma. En cambio, la comprensión sociológica de la dominación debe apoyarse en los aspectos “fácticos” que determinan el poder, exigiendo un orden normativo legal y remitiéndonos forzosamente al sistema de nociones jurídicas. La racionalidad extrema de la sociedad moderna ha conducido a tener en los sistemas democráticos de gobiernos y en otros órdenes de dominación inestable (como lo son, por ejemplo, las empresas capitalistas) un seguro contra el despotismo y el exceso de autoridad. Sin embargo, aunque el régimen de gobierno es fluctuante dentro del capitalismo, el poder circulará siempre entre los propietarios, pero nunca entre los trabajadores. Los límites democráticos de orden liberal, en este sentido, puede reducirse al hecho de que la autoridad de un empresario capitalista no es considerada por las virtudes personales o los mayores conocimientos con que cuenta este con respecto a otros, sino que su autoridad es legítima en tanto es considerado como dueño de su empresa. En última instancia, lo que legitima el dominio del empleador sobre el empleado es el “honor estamental” instaurado por la propiedad privada.
Existe una dominación mediante la organización de la minoría empresarial dominante cuando estos ocultan sus propias intenciones al contratar fuerza de trabajo para utilizarla en tareas distintas a las establecidas por norma o cuando no categorizan a sus empleados de acuerdo a la tarea que realizan. “¿En qué último principio puede apoyarse la validez, la legitimidad de una forma de dominio, es decir, la exigencia de una obediencia por parte de los funcionarios frente al señor y por parte de los dominados a ambos?” (Ibídem, pp. 705) El sistema económico capitalista es el conjunto de asociaciones entre “señores” propietarios (cuya autoridad no es delegada por otro) y sus “aparatos de mando” (el séquito de funcionarios interesados beneficiarios del ejercicio de los poderes imperativos y coactivos encaminados a la conservación de la dominación) con el objetivo de apropiarse de la manera más racional de acuerdo a sus propios intereses de la fuerza de trabajo de sus trabajadores (cuya actividad no pueden ser otra que la de trabajar para sus señores). La empresa capitalista debe ser entendida como una organización de dominación llevada adelante por una minoría. En este sentido, las empresas que emplean trabajadores en condiciones de explotación confabulan una dominación secreta en contra de su fuerza de trabajo.
“La subsistencia de la dominación […] se manifiesta de modo más preciso mediante la autojustificación que apela a los principios de legitimidad.” (Ibídem, pp. 706) La legitimación fundamental la encontramos no sólo en los ordenamientos jurídicos, sino también en las “leyendas” sobre la suerte merecida que justifican los privilegios del empresario por sobre los trabajadores. Esta autojustificación de la dominación legal-burocrática se efectúa a través, por ejemplo, de la autoridad de las leyes sobre la propiedad privada que legitima el mandato del patrón sobre sus trabajadores o los ordenamientos fiscales que impulsaron la aplicación de la flexibilización laboral, sometiendo al trabajador al régimen monotributista del trabajo inestable. Además, otro tipo de autojustificación, relativa a la dominación tradicional, se impone en la idea de los empleadores explotadores quienes, ante una acusación de condiciones laborales injustas, argumentan la justificación de las condiciones de empleo en virtud de la apertura de los puestos de trabajo o la cantidad de familias que subsisten gracias a las condiciones laborales que brinda la empresa. Este ejemplo muestra como actúa la autoridad personal que le confiere el estatus de dueño del negocio para sostener tremendo argumento, por ejemplo, en una conversación con un trabajador dominado. Finalmente, un último tipo de autojustificación de la dominación presente en las relaciones laborales son las que se fundan en las personalidades concretas como, por ejemplo, los atributos carismáticos que utilizan los funcionarios de una empresa capitalista al convencer a nuevos postulantes de la seguridad de su futuro con su contratación. La dominación carismática de la empresa capitalista se hace, también, presente en el sentido de trascendencia en el que hacen participar los capacitadores de personal de las empresas de servicios de venta telefónico a los nuevos operadores. Las entrevistas de trabajo y las capacitaciones laborales deben verse como espacios de comunicación armados para trasmitir al nuevo empleado esos “dotes sobrenaturales” que tiene la empresa para ofrecerle, con el objetivo de contentarlo para ganar su confianza, seduciéndolo con las oportunidades de crecimiento que se le presentarían con el nuevo empleo, tratando de despertar en el trabajador la virtud de devoción afectiva por la empresa.
Estos tipos de dominación política existentes en las asociaciones entre empresas y trabajadores contratados, expresan la sobrevaloración por parte de la sociedad capitalista sobre la propiedad privada y el capital en desmedro del costo del trabajo humano. Acá aparece el carácter eminentemente protestante tanto de la propiedad como de la empresa capitalista, contrastando con el carácter decididamente católico del trabajador explotado. En el trabajador, como contraparte del capitalista que contrata fuerza de trabajo en condiciones desiguales a otros trabajadores, se presentan invertidos aquellos valores del capitalismo asociados con el protestantismo, apareciendo estos últimos bien presente en la conducta de la parte empleadora. En la relación social entre empleadores y trabajadores, por un lado, el trabajador cuentrapropista se le adjudica y adopta “los valores del buen dormir”, es decir, aquellos asociados a la maximización del ocio, mientras que los empleadores y todo el cuadro administrativo que lo acompaña adoptan “los valores del buen comer”, o sea, aquellos valores asociados a la maximización de los beneficios económicos. (La ética protestante)
Este proceso de racionalización y de desencanto del mundo que ha devenido la sociedad capitalista, ha determinado el mercado de trabajo de la misma manera como se ha desarrollado el mercado religioso, es decir, decidiendo de la misma manera la distribución de los bienes. En este sentido ha devenido el sentido de beruf (profesión) en el ámbito laboral. Así, actualmente, el valor social de la vocación tiene una distribución diferenciada según la posición del individuo en las relaciones de poder establecidas en el sistema laboral. En un sistema dominado por la racionalización maximizadora de los recursos económicos e intelectuales de los individuos, la noción de vocación está más presente en las actividades laborales con mayor autoridad de mando que en aquellas actividades en las que el trabajo se reduce a obedecer.
Así, mientras las empresas capitalistas, compuesta por el cuerpo administrativo, el sector gerencial y por los empleados, otorgan ordenamientos sobre quienes adquieren los bienes vocacionales dentro de la actividad profesional, en cambio, los trabajadores contratados no pueden acceder a esos beneficios afectivos a través de los cuales el ser humano se relaciona con su trabajo. La racionalidad del sistema llega al punto en que la empresa capitalista como instituto (o sea, la asociación con ordenamientos impuestos unilateralmente que constituyen su poder) requiere que la profesión de sus trabajadores aumente en vocación a medida que adquieren mayor autoridad. La especialización de tareas es el mecanismo ideal para el desarrollo de las particularidades individuales y la constitución de una identidad especial del profesional con su trabajo a partir de la acumulación de poder de mando. De esta manera, la sociedad moderna y la empresa capitalista entienden por vocación como una actitud proactiva de las personas mientras se efectúa la prestación de trabajo. Por otro lado, los trabajadores contratados como trabajadores irregulares que se vinculan con su trabajo mediante una unión libre con las empresas y quedándose sin trabajo de un momento a otro, queda excluido de esta noción proactiva sobre la vocación en el trabajo.

Descargar

En este trabajo revisaremos el papel adaptativo que juega la manipulación de la información en la interacción humana describiendo no sólo el proceso de construcción de la memoria y la identidad, sino también prácticas sociales en torno a las pautas planteadas a través de la confianza y la honradez en la transmisión de la información. Nos interesa revisar, desde una pragmática de la comunicación humana, la relación entre el motivo por el que se cuenta un recuerdo y la manipulación de la información que el narrador hace mientras lo narra. Abordaremos a la memoria pensándola como el proceso desarrollado en la comunicación por el cual recuperamos recuerdos y los narramos para influir en la voluntad de los demás. Aquí trataremos la capacidad de los esquemas para reacomodar la información y presentándonos visiones legitimadoras de nuestras acciones y pensamientos, acomodándose nuestros recuerdos a las necesidades comunicacionales de los participantes.

Las leyes de flexibilización laboral y relaciones de explotación en el sistema capitalista global.

Introducción.

El propósito fundamental de este trabajo es revelar que el modo de producción capitalista global, a través de sus reglamentaciones neoliberales, promueve relaciones de explotación y dominación al establecer distintas modalidades de relaciones laborales. La desigualdad de derechos a la que se someten las personas para poder producir sus medios materiales de existencia vulneran los derechos más esenciales del hombre y la mujer.  En este sentido, utilizando la metodología propuesta por autores como Marx, Durkheim y Weber dentro del marco de las teorías sociológicas clásicas, demostraremos que el sistema social en que vivimos construye relaciones sociales de desigualdad entre los individuos a través de sus instituciones jurídicas y la organización del sistema laboral que éstas articulan.

Desde la década del 70, del pasado siglo, se han profundizado y expandido concepciones y condiciones de explotación que, lejos de democratizar e igualar las condiciones de existencia, profundizan mecanismos de explotación que nos remontan aggiornad@s, a los escenarios más rudimentarios del capitalismo. Así, las leyes neoliberales de flexibilización laboral se han legitimado dentro del contexto mundial a través de la legislación impuesta a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos multilaterales.

Analizaremos dos casos paradigmáticos donde el capitalismo global y el pensamiento neoliberal demarcan concepciones ontológicas de la categoría trabajador, dando cuenta de estas prácticas de dominación. Abordaremos aquí la explotación de las personas, ya sea a través de la pauperización de las condiciones laborales a partir de las relaciones laborales establecidas por las leyes de flexibilización laboral y la categoría fiscal de monotributo, ya sea a través de las relaciones de esclavitud constituidas a través del tráfico de personas y de las redes de trata de seres humanos como mercancía.

Por un lado, la flexibilización laboral, en el marco del nuevo escenario de las relaciones sociales en el tercer mundo y, específicamente, la categorización fiscal de “monotributistas” en la Argentina, nos enfrenta a la clasificación que ubica a los trabajadores inestables en tanto comerciantes, promotores, cuentapropistas y sostenedores de su propia fuerza de trabajo, mediante un montaje jurídico y social puesto al servicio de la concepción del hombre y la mujer como “libres concurrentes en el mercado laboral”.

Por otro lado, allí donde la legislación regula a l@s trabajador@s como capitalistas desposeídos de capital, nos encontramos con la expansión mundial de uno de los negocios “más rentables” del actual sistema económico global, el tráfico y la trata de personas, la forma que cobra la nueva esclavitud en el mundo actual.

La biblioteca del Mago

http://luisrodriguezmamby.files.wordpress.com/2008/03/02-02-08_22191.jpg

Transformaciones de los procesos laborales capitalistas: La dictadura de la democracia neoliberal.

http://luisrodriguezmamby.files.wordpress.com/2008/03/soluciones-de-otros-mundos-a-enigmas-de-este-planeta.doc

Patrimonio cultural y ‘turismo del auto-conocimiento’. El conflicto del consumo del San Pedro